Un grupo de representantes de la comunidad Los Arquéanos, de San Felipe de Villa Mella, Santo Domingo Norte, pidieron este martes el cese del acoso al que dicen están siendo sometidos desde el 2013 por parte de quienes dicen ser los dueños de unos terrenos que ocupan desde hace 17 años.
En visita a este diario, los lugareños denunciaron que el señor Carlos Álvarez Balcácer y otras cuatro personas allegadas a él, reclaman a través de un grupo de abogados y documentos “falsos”, la parcela número uno del Distrito Catastral 22, que habitan alrededor de 217 mil familias.
Con un expediente completo con sentencias, certificaciones y otros documentos con los que asegura que Álvarez Balcácer no es el verdadero propietario de las 5,350 tareas de tierra en cuestión, Cornelio Ramos López Martínez, vocero del grupo, dijo que en su gran mayoría, las familias que viven en la parcela pagaron por los terrenos que ocupan, pero que luego del 2013 fue que se dieron cuenta de que habían comprado a personas que no eran los verdaderos dueños.
Explicó que para defender sus derechos cuentan con el apoyo del verdadero dueño de las tierras, a quien identificó como José Antonio Vivoni, quien presuntamente posee los documentos que avalan es el propietario.
Señaló que el caso se está ventilando en el Tribunal Superior de Tierra, cuya audiencia está pautada para abril del 2016. Sin embargo, expresó que los reclamantes de las tierras actúan en contubernio con algunos jueces de ese tribunal, por lo que teme que se cometa una injusticia con las familias que representa.
López Martínez afirmó que están dispuestos a pagar por los terrenos a la familia Vivoni, oriunda de Puerto Rico, pero que no pueden hacer ningún tipo de negociación hasta que el caso no quede totalmente aclarado en los tribunales de justicia.
Expresó que desde el 2013 son constantes las amenazas de desalojo que han recibido y que en cuatro ocasiones se han materializado. Explicó que la última vez se presentó al lugar un abogado de Álvarez Balcácer acompañado de dos militares y dos policías con una intimación de desalojo firmada por el abogado del Estado, Fermín Casilla Minaya, y que procedieron a derrumbar sus viviendas juntas con las ganas de progresar y desarrollar la comunidad.
Acompañaron a López Martínez, la señora Máxima Cruz y los señores Wilson Vélez, Juan Florián y Jesús Vásquez.
