Los países de América Latina están rezagados en materia de innovación, no sólo respecto de los países de la OCDE, sino también de otros países emergentes. Avanzar requerirá mejorar las condiciones marco y desarrollar políticas de investigación e innovación más eficaces, en particular una mayor cooperación entre empresas e institutos de investigación, desarrollar una agenda digital integral para aprovechar los beneficios potenciales de la tecnología, reforzar las capacidades necesarias para la innovación e impulsar una gobernanza mejor coordinada.
América Latina invierte menos en investigación y desarrollo (I+D) y otras formas de innovación que los países de la OCDE. Brasil es el único país de la región cuyo gasto en I+D, del cual cerca de la mitad corresponde a su sector empresarial, supera el 1% del PIB (Gráfico 5.1). Además, los registros de patentes son relativamente escasos en la región. En promedio, los países de la OCDE registraron 50 patentes al año por millón de habitantes a principios de la década de 1990, una cifra que ascendió a 132 a comienzos de la de 2010. En los países latinoamericanos, en cambio, las patentes anuales por millón de habitantes fueron sólo de 0.3 a principios de la década de 1990 y de 0.9 a principios de la de 2010.
Reforzar los resultados de innovación de la región requerirá adoptar un enfoque coordinado e inclusivo que movilice a la totalidad de los actores y preste especial atención a la creación de empresas y a las necesidades de las pymes en la región, cuyas brechas de productividad e innovación respecto de las grandes firmas son en promedio más amplias que en los países de la OCDE. El apoyo a la innovación empresarial debe ser equilibrado y no depender sólo de incentivos fiscales. Estos pueden complementarse con subvenciones competitivas y bien diseñadas, mejor adaptadas a la situación de las empresas jóvenes e innovadoras. También será crucial contar con un firme compromiso y capacidades suficientes para supervisar y evaluar políticas que fomenten la innovación, junto con estructuras adecuadas que aseguren que las lecciones aprendidas se traducen en una actuación gubernamental más eficaz.
Programas bien diseñados que elevan la productividad en sectores tradicionales han demostrado también ser de gran utilidad para apoyar la innovación. Programas de formación virtual, subsidios a la innovación y formación, programas de digitalización y comercio electrónico, evaluaciones y diagnósticos empresariales rápidos que analizan las fortalezas y debilidades mediante sistemas de autoevaluación en línea o entrevistas personales con directores de apoyo empresarial, y programas específicamente diseñados para empresas informales son sólo algunos ejemplos. En Chile, el programa PROFO (Proyectos Asociativos de Fomento) tiene por objetivo mejorar las capacidades técnicas, financieras y gerenciales de las pymes.
Varias evaluaciones de programas han demostrado los efectos positivos que producen al añadir valor a los productos de las pymes participantes e incrementar su productividad (Cortes-Lobos, 2013).
Entre las medidas para impulsar la participación de las pymes en actividades de innovación se incluyen también mejorar el acceso a los recursos financieros para las pymes orientadas a esas actividades, facilitar los flujos de conocimiento y tecnología entre institutos de investigación y pequeños empresarios, invertir en conocimiento e infraestructuras tecnológicas para pymes (Secciones 2 y 6) y fomentar el aprovechamiento de los resultados de la investigación pública entre las pequeñas empresas.
En Chile, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) ha mejorado los programas de transferencia de tecnología para pymes identificando las mejores prácticas internacionales en adopción de tecnología, promoviendo asociaciones entre institutos de investigación y pymes, y también la adopción de tecnología por estas últimas. En Colombia, a través del fondo para la modernización e innovación de microempresas y pymes (iNNpulsa Mipyme), el gobierno ayuda a los pequeños negocios a cumplir los requerimientos de la cadena de suministro y a desarrollar productos y servicios innovadores con los que sea posible acceder a nuevos mercados.
Las políticas de innovación inclusivas también pueden apoyar a los grupos de menores ingresos en situación de exclusión, satisfaciendo sus necesidades a un costo menor y ofreciendo nuevas oportunidades educativas y laborales. Argentina ofrece hasta 30.000 becas al año para educación terciaria a estudiantes de ingresos bajos a través de dos programas (Becas Bicentenario y Becas TICs) cuyo objetivo es elevar el porcentaje de quienes se matriculan en carreras científicas.
Colombia ha puesto en marcha recientemente un programa similar (Ser Pilo Paga) que ofrece 10.000 becas a estudiantes de bajos ingresos para cursar estudios de licenciatura. En Panamá, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) es la coordinadora de Infoplazas. Se trata de centros comunitarios que proporcionan acceso público a Internet y a plataformas de aprendizaje en línea (e-learning), así como a formación en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Estos centros contribuyen igualmente a reducir la brecha digital y a afrontar la exclusión social y la desigualdad entre territorios (OCDE, 2015c).
Varios países latinoamericanos ya utilizan la política de innovación para promover un crecimiento inclusivo. Por ejemplo, Colombia, a través de su Plan Nacional de Desarrollo 2010-14, enfatiza la función de la innovación como instrumento que permite «alinear su desarrollo económico con su desarrollo social», incentivando sobre todo una innovación inclusiva y eliminando las barreras que la obstaculizan (OCDE, 2015d). Una de esas iniciativas es Ideas para el Cambio, una convocatoria abierta a las ideas de la comunidad experta en innovación científica para resolver los retos prioritarios a los que se enfrentan las comunidades desfavorecidas. Chile también ha desarrollado una iniciativa transversal para promover el debate de políticas sobre el tema y financiar innovaciones inclusivas. En México, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) está fomentando la iniciativa empresarial y la inclusión financiera de la mujer en el contexto de start-ups, microempresas y pymes. Las medidas para estimular la participación en actividades innovadoras entre muy variados agentes económicos también son cruciales en el ámbito regional. Un ejemplo de este tipo de políticas es el uso de la propiedad intelectual para apoyar las capacidades de innovación de los sectores rezagados de la economía, como los sectores tradicionales e informales (OCDE, 2014a).
Un enfoque más inclusivo de la innovación que permita empoderar a las pymes y a las regiones rezagadas también requerirá una buena gobernanza que permita alinear las diferentes políticas necesarias para la innovación (OCDE, 2013b; OCDE, 2015e). Aun cuando en la mayor parte de la región se ha avanzado en la creación de instituciones y en la coordinación entre agencias, queda un largo camino por recorrer para consolidar ese progreso (OCDE/CAF/CEPAL, 2014).
Promover la innovación requiere la coordinación de diferentes actores en los niveles nacional, regional y local, así como entre diferentes ministerios y organismos, en especial entre los organismos encargados de la innovación y los responsables de las políticas de desarrollo industrial y de producción.
Además, con miras a facilitar su aplicación, serán necesarias las consultas con el sector privado. Muchos países de América Latina han comenzado a crear consejos de competitividad o innovación donde los distintos actores comunican sus prioridades a fin de concretar una agenda compartida, como es el caso en Colombia, Costa Rica y más recientemente Chile, donde el año pasado se estableció la Comisión Nacional de Productividad (Banks, 2015). También es esencial avanzar hacia una agenda de aplicación clara, comenzando, por ejemplo, por abordar un reto específico, para elaborar a continuación un plan y dotarlo de los recursos correspondientes. Un buen ejemplo de ello es el Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación de Costa Rica, así como la agenda para potenciar las capacidades del país.
Principales recomendaciones
– Fomentar la inversión empresarial en I+D y en otros activos basados en el conocimiento a través de una combinación equilibrada y bien diseñada de medidas de apoyo directas e indirectas que no coloquen en desventaja a las empresas jóvenes e innovadoras.
– Aumentar la eficacia de la inversión pública en investigación e innovación potenciando los flujos de conocimiento entre institutos de investigación y empresas.
– Mejorar las condiciones marco para la innovación y el emprendimiento, en coordinación con programas que impulsen la fabricación y la prestación de servicios en el país.
– Diseñar programas de alcance suficientemente amplio y bajo costo por empresa para mejorar la productividad de las pymes en los sectores tradicionales.
– Seguir prestando atención al desarrollo de políticas de innovación más inclusivas que permitan a las mujeres, pequeños empresarios, hogares más pobres y poblaciones indígenas aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
