Luego de 11 años de lucha en el Congreso, el consenso para aprobar la nueva ley de control, porte y tenencia de armas de fuego, de nuestra autoría, es prácticamente un hecho. De esta forma, pasaría a reemplazar la obsoleta ley 36 de 1965.
¿Por qué tantos años trabajando a favor de una pieza por decir lo menos, conflictiva? Porque vivimos en una región altamente violenta, afectada por el tráfico de armas y la disfuncionalidad de las instituciones del orden. No es casualidad que América Latina sea la primera región del mundo en muertes por armas de fuego: contabilizan el 74% de los homicidios. En el caso particular de República Dominicana, la realidad se une a la tendencia: Si en 2000 habían 15 homicidios por cada 100 mil habitantes, en 2011 se llegó a 25 por cada 100 mil, un aumento del 75%.
Estamos convencidos de que una ley que data de un mundo que ya no existe, debe ser urgentemente actualizada y reestructurada ante los desafíos actuales. Desafíos como el combate al tráfico ilegal de armas, la persecución efectiva a quienes las adquieren mediante el robo que es precisamente uno de los principales orígenes de los homicidios registrados en los últimos años.
Junto con esto, la ley busca que sólo sean aquellos quienes muestren las aptitudes psicológicas necesarias y que cumplan con todas las regulaciones establecidas por la ley los que puedan adquirir un arma. El corazón de la ley no es el desarme de la población como han interpretado algunos observadores sino más bien una adaptación a la realidad en que vivimos, buscando al final sacar las armas de las calles. También sancionar efectivamente a quienes actúen al margen de la ley.
Reconocemos que una ley de este tipo no es suficiente para cambiar la inseguridad que vivimos, pues es solo un paso de muchos como la reforma policial que en paralelo vamos discutiendo para derrotar la inseguridad y la violencia. Como dirigente político, me encuentro en la responsabilidad de hacer propuestas en torno al bienestar ciudadano y es por ello que he dedicado toda una década a una de las principales preocupaciones de los dominicanos como lo es la inseguridad que azota sin discriminación.
Los problemas de fondo a resolver quedan a la vista: sin oportunidades de empleo, sin educación ni capacitación a nuestros jóvenes, con un costo de vida que sigue en aumento; con grandes debilidades institucionales, con enormes desafíos en el Poder Judicial y bajo un sistema en donde la corrupción queda en evidencia, es más que esperable que la delincuencia se tome las calles. Mientras, las bandas delictivas tienen solicitudes de sobra para adquirir nuevos miembros, esto, porque el camino de la honradez, el trabajo y los valores que construyen un país sostenible, comienzan a ver las grietas de un sistema que requiere reformas de forma y fondo.
El propio ministro de la Presidencia, Lic. Gustavo Montalvo, sostuvo que en el 2016, una de las leyes que son prioridad es la de armas. Nos complace este llamado del Ejecutivo pero también nos llama a estar atentos, a no dormirnos en los laureles y acelerar a fondo para que el consenso se consolide, y en este año la ley de control, porte y tenencia de armas de fuego por fin vea la luz.
