Decisión atinada

El Estado ha diseñado un esquema que debe ser el punto de partida para el fomento de viviendas económicas, que son las que componen el gran déficit habitacional que enfrenta el país.Se trata del formato estándar para las garantías…

El Estado ha diseñado un esquema que debe ser el punto de partida para el fomento de viviendas económicas, que son las que componen el gran déficit habitacional que enfrenta el país.

Se trata del formato estándar para las garantías fiduciarias de los fideicomisos vinculados en proyectos como Ciudad Juan Bosch, versiones Santo Domingo y Santiago. El esquema fue conocido y aprobado por el Comité Fiduciario del Fideicomiso de Viviendas de Bajo Costo República Dominicana.

Es un modelo de garantía para ser utilizado en el proceso de solicitud de crédito por los desarrolladores a las instituciones financieras dominicanas. Actúa como un aval colateral para los préstamos que requieran los promotores. Así fue aprobado por la Junta Monetaria, en una reciente modificación al Reglamento de Evaluación de Activos.

Aunque fue concebido para darle agilidad a dos proyectos específicos, que son promovidos por el Gobierno Central como parte de su política de viviendas, el modelo trasciende las fronteras de esas dos iniciativas y deberá alcanzar a todo el mercado hipotecario de alojamientos de bajo costo, que son aquellos cuyo valor individual no supera los RD$2.4 millones.

¿Dónde ronda el impacto dinamizador del modelo, su efecto revolucionario del mercado?

Se sustenta en el potencial de permitir a los desarrolladores de proyectos habitacionales bajo el esquema de fideicomiso que aún no cuentan con títulos de terrenos deslindados, a utilizar la garantía fiduciaria para obtener el préstamo necesario para construir el proyecto.

El instrumento les otorga luz verde a los intermediarios financieros a conceder los financiamientos que se conocen como préstamos interinos, que son los que cubren la parte de construcción de viviendas.

En definitiva, se trata de una medida visionaria, que destraba un estatus normativo crediticio que frenaba la construcción de viviendas de bajo costo.

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