Hay que reconocer que en este proceso el trabajo de la Junta Central Electoral (JCE) ha recibido una amplia aprobación, lo que se traduce como muestra de confianza de los actores políticos y la sociedad sobre su desempeño.Después que se creó el Tribunal Superior Electoral (TSE) y a la Junta se le liberó de lo contencioso relacionado con los partidos, la misma se ha concentrado en avanzar técnicamente, mejorar sus procedimientos y evolucionar como soporte de seguridad en materia de ciudadanía, en un largo proceso que tuvo su punto de culminación con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y la ley 169-14 sobre Regularización de Extranjeros.
Y ya en el montaje de estas elecciones, la Junta se ve muy empeñada en llevar todo por el librito, en atención a su propio cronograma, para fortalecer la credibilidad de los resultados de las votaciones del 15 de mayo.
Ha tomado algunas medidas de apuntalamiento de la seguridad del proceso. Sometió al arbitrio público el Padrón Electoral. Dispuso una auditoría externa del padrón y de los equipos y programas a utilizarse en el escrutinio electrónico.
Recientemente realizó un ensayo sobre transmisión de data con las herramientas que utilizará para el conteo y envío de los resultados electorales.
Pese a ello no deja de estimularse la desconfianza hacia la JCE. Ahora se sugiere un procedimiento de control del reporte de resultados, más allá de la simple observación del desempeño el día de las votaciones.
Participación Ciudadana desea fiscalizar los resultados mediante una revisión manual del 10% de los votos emitidos en una cantidad de centros de votación previamente seleccionados, sin precisar con qué métodos.
Estas elecciones, lo mismo que las más recientes, han sido muy observadas. Ya la JCE ha mostrado que es una garante de la libre elección y del respeto a la voluntad popular.
Es buena la preocupación para que las cosas se hagan bien, pero por exceso, podría terminarse estimulando la desconfianza y abriendo grietas en la sociedad.
