LA PAZ, Bolivia (AP) — El presidente boliviano Evo Morales salió airoso de una batalla judicial con su expareja luego de que una jueza dictaminó que no existe el niño que la mujer dijo haber procreado nueve años atrás con el mandatario.
La jueza de Niñez y Adolescencia Jacqueline Rada declaró «improbada la demanda… por inexistencia física comprobada del niño» y archivó la denuncia por «violencia psicológica» de un menor que había sido presentado en marzo como el supuesto hijo que Morales había tenido con Gabriela Zapata. El jefe de Estado incluso se sometió a una prueba de paternidad y conminó a Zapata a presentar al niño, pero la mujer rehusó la prueba alegando supuestos vicios.
Según analistas, el escándalo precipitó la derrota electoral de Morales en el referendo del 21 de febrero por una nueva relección, su primer traspié electoral en una década en el poder.
La denuncia inicial era por tráfico de influencias a favor de Zapata, quien sin poseer ningún título académico fue gerente comercial de la transnacional china CAMC Engineering que se adjudicó proyectos del gobierno por más de 500 millones de dólares.
Pero el caso tomó tintes de telenovela cuando Morales admitió en televisión una antigua relación con Zapata, de 29 años, de la que nació un hijo que murió poco después del parto. El mandatario es soltero aunque tiene dos hijos jóvenes de relaciones anteriores.
Zapata está en prisión preventiva acusada de enriquecimiento ilícito y ha declarado varias veces que el hijo que tuvo con Morales está vivo, pero según la jueza no ha podido probarlo. La supuesta existencia del niño mantuvo en suspenso a los bolivianos.
Los investigadores confiscaron cuentas y automóviles a Zapata, quien se consideró víctima de un aparato judicial que supuestamente favorece al gobierno.
El miércoles la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, cerró una investigación a Morales por presunto tráfico de influencias aunque los opositores han dicho que «existen indicios de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado», según el senador Oscar Ortiz.
La investigación penal de la fiscalía está centrada en Zapata, en otra funcionaria de menor rango y en un chofer. Ningún alto funcionario del gobierno es investigado a pesar de que Zapata hacía negocios en un despacho del Ministerio de la Presidencia, según admitió el propio vicepresidente Alvaro García.
No obstante su buena gestión económica, las denuncias de corrupción han mermado la popularidad de Morales en momentos en que comienzan a sentirse los efectos de una crisis por la caída de los precios de las materias primas.
