Como en el período que concluye, el presidente Danilo Medina parece estar conminado a estrenar su segundo mandato con una reforma fiscal en los primeros seis meses.
El actual modelo impositivo no recauda lo suficiente para financiar las necesidades del Estado.
El reto del Gobierno está en diseñar una nueva reestructuración impositiva suficiente y duradera, que tenga sus propios mecanismos de ajustes para que no necesite ser revisada en el corto plazo. En los últimos 16 años el esquema impositivo dominicano ha sido objeto de siete reformas y dos leyes de amnistía fiscal.
El dilema que se presenta ahora es que por las presiones del sector privado—que reclama que no se hagan más incursiones impositivas unilaterales, sino que se haga una reforma integral, que cubra las dos fases del presupuesto (gastos e ingresos)—,la virtual nueva reforma proyecta ser una combinación de captación de mayores recursos y ahorros a través de mejoría del gasto.
Posibilidad
Parece improbable que por la magnitud de déficit fiscal consciente con que ha operado el presupuesto nacional desde el año 2008 sólo por la vía de una reforma tributaria se pueda lograr la cuantía de recursos necesarios para volver a la época de presupuesto equilibrado y enfrentar las crecientes necesidades de áreas sociales y del servicio de la deuda pública.
En círculos económicos y empresariales se ha planteado que el creciente servicio de la deuda pública sería la causa de una nueva reforma impositiva. Todo apunta a que ya llegó el tiempo.
De ejecutarse una nueva reforma, sería la segunda iniciativa consecutiva en que un gobierno entrante se ve compelido a modificar la estructura impositiva en los primeros meses del período.
La Administración actual presentó antes de los primeros cuatro meses de gestión una propuesta de reforma que dio lugar a la Ley 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible.
Esa reforma fue la respuesta del Gobierno que inició el 16 de agosto del 2012 a un elevado déficit fiscal de ese año, que rondó el 8% del PIB y que se originó esencialmente en el gasto vinculado al proceso electoral de ese año. El impacto recaudador de esa reforma se quedó corto con respecto a los cálculos originales, debido a una serie de cambios y eliminaciones de impuestos del proyecto original. El criterio de sostenibilidad se perdió.
Las cifras conocidas del desempeño fiscal no indican que se necesite una reforma tributaria para corregir distorsiones presupuestarias. Pero diversos reclamos que se están enarbolando, como la asignación de un 5% del PIB al sector Salud—que parece que se negociará para el presupuesto del 2017—sugieren que habrá que explorar mecanismos para obtener esos fondos adicionales, por la estrechez e inflexibilidad del presupuesto.
Antecedentes
Faltando seis días para cumplir el primer trimestre de Gobierno, la administración que se instaló el 16 de agosto del 2012 promulgó la Ley 253-12 (el 9 de noviembre), con la cual buscaba financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo mediante el incremento de la presión tributaria a largo plazo.
Una serie de factores impidieron la aplicación global de los impuestos creados, y el proyecto original fue modificado, limitando su potencial recaudatorio, lo que provocó que las proyecciones de recaudación no se cumplieran. Se esperaba que la reforma contribuyera con dos puntos porcentuales de presión tributaria, y que para esta fecha la proporción de ingresos del Gobierno por concepto de impuestos representara al menos el 16% del PIB.
Pero los aplazamientos y mutilaciones limitaron su alcance y el rendimiento quedó en alrededor del 1% del PIB. Ninguna reforma tributaria de las realizadas en el país han podido agregar un nivel de recaudación equivalente al 2% del PIB. l Héctor LINARES
Medina, Montás
y Peralta tocan el tema
Recientes declaraciones del presidente Danilo Medina y de sus ministros Temístocles Montás y José Ramón Peralta presentan un panorama de inminente modificación al menos al componente tributario del aparato fiscal.
Como si fuera una respuesta a esa posibilidad, desde el sector privado se está reiterando la posición de que cualquier reforma que se plantee, sea integral. Sería una repetición al escenario del 2012.
El Gobierno actual presentó antes de los primeros cuatro meses de gestión una propuesta de reforma que dio lugar a la Ley 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible.
