Brasilia. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones por un juicio político, dijo que el “error más obvio” de su gestión fue escoger como vicepresidente a Michel Temer, quien la sustituye en el cargo desde el pasado 12 de mayo.“El error más obvio que cometí fue la alianza con una persona que, explícitamente, frente al país entero, adoptó actitudes de traición y usurpación”, declaró Rousseff en una entrevista con la radio Metro1.
Aclaró que no se trata de una “cuestión personal”, ya que está convencida de que Temer “no se representa solo a sí mismo” sino a “todo un grupo político”, en alusión al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que fue el principal puntal de la coalición que la llevó al poder.
Rousseff afirmó que el PMDB, aliado a otros partidos de derecha y centro, encabeza “la base política” que busca su destitución para imponer “una pauta absolutamente conservadora” y “acabar con los derechos sociales conquistados por los brasileños”.
Un “golpe”
También consideró un “error” el “no haber percibido antes” que se fraguaba lo que ella califica de “golpe”, en alusión al proceso que la suspendió del cargo el pasado 12 de mayo, cuando asumió Temer, y que puede acabar con su destitución a mediados de agosto próximo.
“No lo vimos antes, sino después, y eso significa que hubo un fallo”, porque “si lo hubiéramos visto antes, habríamos dado un combate más cerrado, pero es que jamás pensamos que veríamos un nuevo proceso de golpe en Brasil”, declaró.
Rousseff insistió en que ese “golpe parlamentario” se apoya en acusaciones que no han sido probadas, pese a que, en la opinión de organismos auditores y de un grupo de expertos del Senado que han analizado el caso, su Gobierno incurrió en serias irregularidades fiscales.
Comisión del Senado tiene a su cargo el proceso
El proceso contra Rousseff está a cargo de una comisión del Senado que tiene previsto concluir el juicio político a mediados de agosto próximo.
En caso de que Rousseff sea destituida, Temer deberá completar el mandato que vence el 1 de enero de 2019, aunque si la mandataria fuera absuelta, retomaría el poder una vez publicada la sentencia.
