LIMA, Perú— La familia de Martín Roca, universitario detenido ilegalmente por las fuerzas de seguridad del gobierno de Alberto Fujimori, estaba casi segura de su destino fatal. La justicia, 23 años después, confirmó que fue torturado y su cuerpo incinerado en un horno de los sótanos del cuartel general del ejército.
Javier Roca persistió en la búsqueda de su hijo Martín, de 27 años, desaparecido una tarde de agosto de 1993 cuando salía de clases en la Universidad del Callao.
En 2001 una comisión legisladora halló el horno en el cuartel militar y en 2004 una inspección judicial encontró un hueso. El trozo óseo de poco más de dos centímetros pertenecía al dedo de la mano derecha de una persona cuya identidad aún no se ha podía reconocer. En 2005 cuando Javier Roca pudo entrar al cuartel estuvo casi convencido que allí mataron a su hijo.
La justicia, el martes, reconoció por primera vez que durante el gobierno de Fujimorise usó al menos el horno para quemar los restos de Roca junto al de otro universitario, Kenneth Anzualdo, de 25 años- y del catedrático retirado Justiniano Najarro, de 50, desaparecidos de forma forzada, en distintos operativos, durante una campaña de persecución a disidentes, en una época en que se denunciaron violaciones a los derechos humanos.
Al emitir una nueva sentencia contra Vladimiro Montesinos, el poderoso asesor deFujimori y responsable de los servicios de inteligencia, los magistrados peruanos lo condenaron a 22 años por el delito de desaparición forzada de Roca, Anzualdo y Najarro.
Las pericias forenses en el juicio que empezó hace una década determinaron que el horno era capaz de alcanzar la temperatura de 1.000 grados centígrados, suficiente para cremar cadáveres, pese a que la defensa de Montesinos argumentó que el horno de usaba para quemar papeles.
Los magistrados de la segunda sala penal liquidadora indicaron además en su fallo que Montesinos, quien acumula más de 30 sentencias por diversos delitos, usó su condición de jefe de facto del servicio de inteligencia para aplicar una política de lucha contra la subversión que incluía interrogatorios ilegales de sospechosos.
«Es la primera oportunidad en la que una sentencia judicial peruana reconoce la existencia de un horno que se usó para cremar a los dos estudiantes y al profesor», dijo el miércoles a The Associated Press el abogado Carlos Rivera, un experto y activista por los derechos humanos del Instituto de Defensa Legal.
Agregó que usar hornos «da cuenta de los niveles de perversidad con los que se actuó frente a personas con sospechas de pertenecer a Sendero Luminoso o del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y en este caso específico de los desaparecidos no existió ningún tipo de acreditación con esos grupos».
El padre de Martín explicó a la AP que su hijo fue detenido porque participó de una protesta universitaria para pedir a las autoridades de la época que agilicen la entrega de los carnets universitarios que permitía a los estudiantes pagar menos en el transporte público capitalino. «En la época de Fujimori cualquier estudiante que protestaba era sospechoso», dijo el jubilado obrero textil que asistió por 10 años al juicio por la desaparición de su hijo, sin faltar un solo día.
Junto a Montesinos también fue sentenciado a 22 años de cárcel el exjefe del ejército Nicolás Hermoza. La condena fue dictada en una sala instalada en una cárcel militar de Lima que el propio Montesinos mandó a construir en la década de 1990 y en la que está preso desde 2001.
Fujimori, presidente entre 1990-2000 y condenado a 25 años de cárcel por otro caso de asesinato, fue excluido del proceso porque cuando fue extraditado de Chile en 2007 la justicia de ese país no autorizó que sea juzgado en Lima por el delito de desaparición forzada debido a que ese tipo penal no existía en la legislación chilena, explicó el abogado Rivera.
Al igual que Montesinos, el expresidente Fujimori también cumple desde 2009 una condena de 25 años de prisión por su autoría mediata en el asesinato de 25 peruanos por un escuadrón clandestino de militares que actuaron bajo su conocimiento, según la decisión judicial.
El horno del cuartel general del ejército peruano no es el único usado para quemar a detenidos durante el conflicto armado interno que ocurrió entre 1980-2000 en Perú, según se ha indicado en un juicio en la sureña región de Ayacucho. Un horno en un cuartel del ejército en esa región, está mencionado en la investigación por la desaparición de 53 personas.
Según las más recientes cifras oficiales divulgadas, durante el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los miembros de Sendero Luminoso entre 1980 y 2000 desaparecieron más de 15.000 personas en diversas zonas de Los Andes y la Amazonía del país.
