Tres abogados dijeron que el Tribunal Superior Administrativo tiene la oportunidad de poner fin a medio siglo de violación a los derechos constitucionales en el transporte.
Los juristas Cristóbal Rodríguez, Olivo Rodríguez Huerta y Eduardo Jorge Prats dijeron que el TSA puede, además, proteger los derechos fundamentales a la libre empresa, el libre tránsito, libre contratación y libre competencia.
Cristóbal Rodríguez dijo que el abuso de posición dominante está prohibido por la Constitución, toda vez que quiebra la lealtad en la competencia, que es un requisito indispensable para el adecuado funcionamiento de los mercados.
Dijo que las prácticas de los sectores que controlan el transporte de carga y de pasajeros son contrarias a la Constitución.
Afirmó que en ese sentido, la acción de amparo es la herramienta más adecuada para ponerle fin a las mismas en beneficio de los usuarios del servicio.
Olivo Rodríguez Huerta aseguró que la acción de amparo de cumplimiento interpuesta por las organizaciones empresariales en contra de distintos órganos de la administración del Estado es una actuación valiente que procura la vigencia de la cláusula constitucional del Estado de derecho.
Explicó que la primera y más importante misión de un Estado es disponer cuantas acciones sean necesarias a fin de que todas las personas, físicas o morales, puedan ejercer a plenitud sus derechos fundamentales.
“La obligación del Estado, de cara a la efectividad de los derechos, no sólo se cumple absteniéndose de no transgredirlos, sino, y de manera fundamental, disponiendo toda clase de medidas que lo hagan realidad, a través de acciones prestacionales, o adoptando aquellas medidas de policía administrativa frente a particulares que se erijan en poderes salvajes frente al resto de la sociedad, violando así derechos fundamentales constitucionalmente protegidos”, puntualizó.
Jorge Prats cree jueces pueden proteger derechos
Mientras que Eduardo Jorge Prats señaló que como abogado de Conep y más de 80 empresas y organizaciones empresariales en esta acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) entiende que esta es una gran oportunidad para que los jueces del TSA protejan los derechos fundamentales a la libre empresa, el libre tránsito, libre contratación y libre competencia.
