El presupuesto nacional ha entrado en una etapa de provisionalidad que solo la eliminará cuando el país logre un gran acuerdo para firmar un Pacto Fiscal, el acuerdo macro que deberá establecer los lineamientos de cómo financiar e invertir el gasto público.Conscientes de esa condición, los sectores público y privado han montado una especie de estrategia de observación mutua dirigida a que sea la “necesidad” la que determine la naturaleza del acuerdo.
El Gobierno, como cabeza del sector público y principal protagonista, por su condición ejecutiva, está aparentando una especie de desinterés que parece una actitud que busca ganar tiempo en lo que su política social se difunde y se asimila, para que sea la sociedad, una vez empoderada y beneficiada de los gastos sociales, la que exija la permanencia y hasta ampliación de esa política. Una vez convencida la sociedad de la importancia del gasto social, como ya lo está con el 4% del PIB para la educación pública preuniversitaria, se crea la obligación de cómo obtener los recursos para mantenerlos.
En la esquina del frente, el sector privado, como actor al que le corresponde con sus impuestos mantener financieramente el gasto público, está tratando también de ganar tiempo, en interés de “vender” su posición de que la discusión de un pacto fiscal desemboque en una reforma fiscal integral, donde el tema de la “calidad del gasto” sea su bandera de lucha.
Actitud oficial
Al presentar el proyecto del 2017 sin ninguna vinculación a una modificación del sistema tributario (contrario a lo que hizo en el 2012), el presidente Danilo Medina envía el mensaje de que no procura hacer unilateralmente ninguna modificación al aparato fiscal. La pieza, sin embargo, muestra de arriba hacia abajo cuáles son las prioridades del mandatario, y el nivel de los compromisos presupuestarios que puede cumplir.
Los reclamos del Poder Judicial porque se le asigne el volumen de recursos que por ley le pertenece y las demandas para que al sector salud se le fije legalmente un presupuesto hecho en base a un porcentaje del producto interno bruto (PIB) similar, aunque mayor al de Educación, parece reflejar el interés del gobierno de decirle a la sociedad que quiere, pero no puede dar más.
En ese escenario se reflejan los pronunciamientos recientes de funcionarios del área económica del Gobierno, tanto administrativa como fiscal y planificadora, de que hay que sentarse a definir la forma de obtener la forma de financiar las demandas sociales, en el entendido de que el modelo presupuestal actual, con su restringida presión tributaria, no es suficiente. La referencia obligada es que eso será materia de discusión del pacto fiscal, que ha sido condicionado, a solicitud del sector privado, a que se discuta previamente el pacto eléctrico porque este sector tiene vínculos presupuestales.
Evidencias
Las tablas y gráficos que acompañan al proyecto de Presupuesto del 2017 son elocuentes. Representan una invitación a la lectura y el análisis, cual si el Gobierno quisiera que quienes se oponen a un aumento de la base tributaria que sustenta al principal instrumento de desarrollo que tiene el país, se convenzan por sí mismos de que tarde o temprano habrá que, al menos, actualizar el agotado modelo tributario, que aunque estructurado en base a conceptos de ajuste o indexación de sus principales tributos, cada año no logra incorporar ni siquiera el crecimiento del producto corriente. El crecimiento vegetativo de las recaudaciones queda por debajo.
Por esas circunstancias, las leyes que mandan consignar partidas presupuestarias fijadas en base a parámetros determinados (PIB, Fondo General, el Presupuesto), quedan con partidas inferiores, y el Congreso tiene que aprobarle dispensas al Poder Ejecutivo.
En el proyecto del 2017 quedaron fuera de asignación legal unos RD$106,707.5 millones, pues las 26 leyes y disposiciones que asignan montos fijos requerían para su cumplimiento cabal un monto total de RD$354,273.8 millones, pero el Gobierno solo pudo asignarles RD$247,566.2 millones, suma dominada por el 4% para Educación, partida que sí se cumple cabalmente y que para el próximo año serán RD$142,999.1 millones.
De haberse acogido todos los mandatos de asignaciones legales, se habría consumido más del 60% del monto del próximo presupuesto, que es de RD$624,407 millones el volumen real, aunque llega a RD$711,399 millones con los gastos improductivos, que son los destinados al pago de la deuda, un elemento que para algunos entendidos forzará en un futuro inmediato a tocar el sistema impositivo, a reformarlo, porque sus requerimientos financieros ya no pueden ser obtenidos en el modelo actual.
Por más esfuerzos que procuren las autoridades fiscales al momento de diseñar sus propuestas presupuestales no han podido prescindir de los déficits ni con los consiguientes endeudamientos. Para el 2017 el nivel de endeudamiento es de RD$171,886 millones, con un déficit previsto de RD$84,894 millones, equivalente a un 2.3% del PIB.
Confrontación
El monto de los gastos corrientes, que abarcan los intereses sobre la deuda, se le ha enrostrado al Gobierno como una falta de calidad en el gasto y para oponerse a cualquier aumento de impuestos para llevar la presión tributaria al menos a los niveles planteados en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). Sin confrontarlo directamente, el Gobierno pone la abultada cifra del llamado gasto tributario, que ya representa un poco más del 6% del PIB y que es la suma de ingresos que el fisco calcula que deja de percibir por la concesión de exenciones, exoneraciones y otras facilidades impositivas.
