Buenos Aires. La delicada situación judicial de la expresidenta argentina Cristina Fernández se complicó el martes luego de que un juez la procesó por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obras públicas.El juez federal Julián Ercolini también dispuso el procesamiento por los mismos delitos del exministro de Planificación Federal y actual diputado Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez, cuya compañía Austral Construcciones fue supuestamente beneficiada con el otorgamiento irregular de obras.
El Centro de Información Judicial reprodujo en su página de internet el dictamen del magistrado en el que también ordenó un embargo sobre los bienes de cada uno de los acusados de 10,000 millones de pesos (unos 633 millones de dólares). Los procesamientos no contemplan la prisión preventiva y pueden ser apelados.
El juez dijo en su fallo que “se encuentra acreditado” que la exmandataria y los exfuncionarios “habrían formado parte de una asociación” que funcionó al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015 “destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz” en el sur argentino.
La asociación ilícita prevé una pena de hasta 10 años de prisión y la administración fraudulenta hasta seis años.
“La asociación ilícita fue la figura penal creada por los gobiernos de facto y utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores”, escribió la expresidenta en un mensaje publicado en Facebook. Y apuntó nuevamente contra el Gobierno de Mauricio Macri de estar detrás de una supuesta maniobra, en complicidad con jueces, para perjudicar su imagen en momentos en que la situación económica del país no repunta.
“¿Procesará también al 46% y al 54% que nos votaron en el 2007 y en el 2011?”, se preguntó.
