La ansiedad alrededor de la acumulación de desequilibrios económicos y la posibilidad de que estos puedan terminar generando una crisis macroeconómica parece estar creciendo. Las advertencias de especialistas sobre el peso que ya tiene el servicio de la deuda en las finanzas públicas, el déficit público sostenido y la continua contratación de deuda año tras año, y las restricciones observadas en el mercado de divisas han acrecentado las preocupaciones del público. Y hay razones para ello.
Los desequilibrios
Desde hace cerca de una década que la economía ha estado sometida a tres importantes desequilibrios. El más destacado es el fiscal. Por nueve años consecutivos, y 2017 sería el décimo, el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) ha sido de un monto igual o superior al equivalente a 2.4% del PIB. El promedio del período 2008-2016 fue de 3% del PIB. Y el resultado está a la vista: en ese mismo período, la deuda total del SPNF se multiplicó por 2.2, pasando desde US$ 11.2 mil millones hasta US$ 24.1 mil millones, y el pago de deuda, incluyendo intereses y amortización de capital, pasó desde menos de US$ 1,700 millones hasta más de US$ 4 mil millones.
En la actualidad, sólo de intereses, el Estado dominicano está pagando el equivalente a más de 20% de sus ingresos tributarios, y la mayor parte de ellos son pagados por nueva deuda. Esa dinámica es claramente insostenible, los mercados financieros lo saben, y más temprano que tarde lo empezaremos a sentir enfrentando más dificultades para contratar empréstitos, e intereses más elevados.
Pero además, el peso de la deuda ha venido reduciendo la capacidad del Gobierno de gastar en la economía, estrechando cada vez más el espacio fiscal. Falta poco para que el equivalente a la mitad de los ingresos tributarios los destinemos a pagar amortización e intereses, y desde 2014 el gasto efectivo del Gobierno (después de pagar deuda) expresado como porcentaje del PIB se ha venido reduciendo.
El otro desequilibrio importante, que ha aquejado a la economía dominicana por décadas, es el externo. Este se expresa en un déficit sostenido de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, la cual registra las transacciones ordinarias de los residentes del país con el resto del mundo, como las exportaciones e importaciones, los flujos de remesas, y el gasto por turismo. Esa brecha se ha estado cubriendo principalmente con los ingresos de deuda pública externa contratada cada año y por la Inversión Extranjera Directa (IED).
Aunque durante los últimos dos años, los reducidos precios del petróleo han representado un alivio, llevando ese déficit al equivalente a cerca del 2% del PIB, de las más bajas registradas en décadas, el déficit sigue presente, y la oferta de divisas, una variable fundamental para crecer porque permite comprar muchos de los insumos, maquinaria y equipo, sigue dependiendo de la disponibilidad de crédito externo al Gobierno y de la inversión extranjera. Se trata de una situación de mucha fragilidad.
Un tercer desequilibrio es el del tipo de cambio. Para nadie es un secreto los esfuerzos que ha hecho Banco Central, tanto por la vía de su política monetaria como a través de la persuasión o la presión sobre los intermediarios, por mantener el tipo de cambio en un nivel que sus autoridades entienden deseable. Pero por muchos meses, sino años, ese nivel ha sido incompatible con las dinámicas del mercado, especialmente en un contexto de crecimiento en el que la demanda por divisas para importar crece mucho. En meses recientes, la situación se ha evidenciado como insostenible. Los intermediarios, no estando dispuestos a vender la divisa al precio sugerido, empezaron a racionar, generándose una “cola”.
La contención se agota
Esos tres desequilibrios han sido contenidos por el endeudamiento, tanto del Gobierno Central como del Banco Central. El Gobierno se ha endeudado para cerrar su brecha y la parte de la deuda que contrata en el exterior en dólares, la coloca en el mercado bajando la presión en el mercado de divisas. El Banco Central, por su parte, se endeuda ofreciendo atractivas tasas de interés para mantener los niveles de liquidez de la economía bajo control y para estimular la preferencia por pesos en vez de dólares. Esa práctica ha llevado la deuda del Banco con el público, pero especialmente con las entidades financieras privadas del país, hasta cerca de US$ 10 mil millones.
Pero el problema de esto es doble. Por un lado, las deudas hay que pagarlas con intereses, el financiamiento se agota, y lo hace más rápido cuando la insostenibilidad se hace evidente. Cuando los desequilibrios son acotados y manejables, pueden ser beneficiosos, pero cuando son grandes y permanentes, pueden generar crisis. Por otro lado, los desbalances frecuentemente crean tensiones en otros lados, por ejemplo, si el déficit externo genera escasez de divisas, puede producirse una devaluación indeseada, y si el déficit público se financia con deuda interna, la tasa de interés puede aumentar.
Los riesgos
Está claro que el riesgo de mantener estos desequilibrios es que haya un ajuste violento, por ejemplo, en la tasa de cambio si el Banco Central insiste en “imponerla” y con ello un incremento súbito de precios, incertidumbre generalizada, contracción de la inversión y el consumo, y caída de la producción y el empleo. También puede ocurrir una reducción drástica del gasto público ante la imposibilidad de financiar el déficit, lo que deprimiría la economía y la inversión. En ambos casos, aumentaría la incidencia de la pobreza y se perderían los beneficios que se han acumulado en esta materia, y que el Gobierno exhibe con orgullo.
Es cierto que las reservas internacionales han mejorado, las cuales ayudarían a contener una crisis porque encontraría al Banco Central en mayor capacidad de enfrentar ataques especulativos contra el peso que suelen suceder cuando hay inestabilidad. Sin embargo, siguen siendo insuficientes para enfrentar una crisis importante.
Empiezan los ajustes, pero son insuficientes
A pesar de lo anterior, hay señales tímidas de que se ha iniciado un proceso de ajuste.
Por un lado, el tipo de cambio se ha mostrado más flexible en semanas recientes. Aún en un contexto donde el desequilibrio externo es menor y la disponibilidad de divisas mayores por los menores precios del petróleo, el Banco Central parece estar cediendo y aceptando que el precio al que quiere que se comercie la divisa no es sostenible. Habrá que ver si se trata de un cambio definitivo en el esquema de influir sobre el tipo de cambio o si se trata de una “retirada táctica” por parte de las autoridades monetarias ante la evidente crisis del esquema actual.
Por otro lado, parece haber intentos por contener el desbalance fiscal en dos frentes. Uno es con la mejora de las recaudaciones, fortaleciendo la administración tributaria.
Difícilmente logrará incrementarlas en 0.6% del PIB como se propuso en el presupuesto de 2017, pero seguramente subirán. El otro es reduciendo las transferencias fiscales al Banco Central modificando la llamada Ley de Capitalización de esa institución. Recientemente el ministro de Hacienda y el gobernador del Banco Central anunciaron la propuesta. La idea es reducir los compromisos fiscales anuales con el Banco, pero alargando el plazo de pago. Eso mantendrá restringida la política monetaria por más tiempo, porque el Banco tendrá que seguir endeudándose (y manteniendo alta la tasa de interés) para mantener la liquidez a raya, ahora con menos ayuda del Gobierno, pero aliviaría la presión fiscal.
Desafortunadamente, ninguna de esas dos cosas va a generar o ahorrar una importante cantidad de recursos. En el mejor de los casos serán un alivio modesto, el cual, de hecho, se verá un poco contrarrestado por un tipo de cambio más elevado, que implicará más pesos para pagar la deuda externa y el subsidio eléctrico. Mayores recaudaciones aduaneras compensarán, pero solo en parte, ese efecto.
De allí que sea pertinente, una vez más llamar la atención sobre la urgencia de enfrentar las causas de los desequilibrios: un fisco que gasta mal, que recauda poco y que genera déficit y deuda; un aparato productivo incapaz de ahorrar y generar divisas produciendo y/o exportando más bienes y servicios y con más calidad; y una gestión cambiaria que anda atacando la fiebre para mantener al paciente de pie, pero que no acepta que existe un mal de fondo.
Mal haría el Gobierno en esperar milagros de la gestión tributaria o de continuar fiándose de la suerte. Encomendarse a la divina providencia no es un buen consejo.
