WASHINGTON. El gobierno del presidente Donald Trump sopesó una propuesta de movilizar hasta 100,000 efectivos de la Guardia Nacional para que participen en redadas de inmigrantes no autorizados.
La medida está contenida en un documento de 11 páginas y llama a una militarización sin precedentes en la aplicación de las leyes de inmigración en sitios tan al norte del país como Portland, Oregon, y tan al este como Nueva Orleans, Luisiana. El proyecto incluye cuatro estados fronterizos con México — California, Arizona, Nuevo México y Texas— y otros siete contiguos a esos cuatro: Oregon, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas y Luisiana.
Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional dijo que el documento era un borrador preliminar que no se estudió seriamente y que ni siquiera fue elevado al secretario. Previamente la AP había pedido declaraciones a la Casa Blanca el jueves y a Seguridad Nacional el viernes sin recibir respuesta.
Trabajadores de Seguridad Nacional dijeron que la propuesta había sido analizada tan recientemente como el viernes pasado.
El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo el viernes que el documento “no es de la Casa Blanca”.
“No se están realizando gestiones para hacer lo que se insinúa”, aseguró. El informe de la AP es “100 por ciento falso” y que “no se realizan gestiones para usar la Guardia Nacional para atrapar inmigrantes no autorizados”.
Los gobernadores de los 11 estados tendrían poder de decisión sobre la participación de sus efectivos, de acuerdo con el memo escrito por el secretario de Seguridad Nacional, el general de Marines retirado John Kelly.
Se han utilizado efectivos de la Guardia Nacional en misiones relacionadas con la inmigración en la frontera con México, pero nunca de manera tan amplia ni tan al norte del país.
Memo es una guía para aplicación de decreto
El memo está dirigido a los entonces directores interinos de dos agencias: el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Se supone que el memorándum serviría de guía para la aplicación del decreto ejecutivo sobre inmigración y seguridad fronteriza que Trump firmó el 25 de enero.
