Lajún pide árbitro internacional para entrar en negocio

El conflicto que mantienen los ayuntamientos del Gran Santo Domingo y la empresa Lajún Corporation no sólo activó la alerta de un posible riesgo sanitario en la ciudad debido al colapso en el sistema de recolección de los desechos, también mantiene&#

El conflicto que mantienen los ayuntamientos del Gran Santo Domingo y la empresa Lajún Corporation no sólo activó la alerta de un posible riesgo sanitario en la ciudad debido al colapso en el sistema de recolección de los desechos, también mantiene desesperado a un personal de aseo urbano que subsiste del pago por la cantidad basura depositada en el vertedero de Duquesa.

Lajún Corporation, que administra Duquesa, comunicó ayer que está dispuesta a negociar con los ayuntamientos y que retirará su solicitud de pago de 8.14 dólares por tonelada de desechos vertidos con la condición de que se contrate un árbitro internacional independiente de Price Waterhouse Coopers (ahora PwC), una de las grandes consultoras mundiales.

La finalidad es que este árbitro evalúe el análisis de costo de la empresa y lo compare con los estándares internacionales basados en las condiciones contractuales requeridas por los municipios y los ministerios de Medio Ambiente y Salud Pública, indica un comunicado de la compañía.

“Si este árbitro confirma que nuestros precios son correctos las autoridades deberán aceptar y, por el contrario, si indica que debe ser menor, aceptaremos sin problema. Si indica que debe ser mayor, será discutido con los municipios o con el Ministerio de Medio Ambiente con el fin de ajustar transparentemente el costo al alcance del contrato y las responsabilidades de cada una de las partes”, destaca la nota.

La empresa dijo que pese acoger la petición de Medio Ambiente para operar de manera normal el fin de semana, la misma se ha efectuado sin contrato y sin los cheques correspondientes de las cantidades adeudadas.

“Además, los alcaldes no han mantenido su palabra, por lo que con más razón debemos firmar un acuerdo para que aceptemos sus desechos en el corto plazo y nos envíen los cheques correspondientes que, hasta el momento, no lo han hecho”, precisa el comunicado.

La empresa solicitó a los alcaldes y asesores legales firmar una carta de acuerdo temporal y a que envíen los pagos correspondientes de las cantidades requeridas necesarias para operar.

En la tarde de ayer, el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, mediador en el conflicto de origen financiero, se reunió en su despacho con José Luis Asilis, representante de la empresa Lajún Corporation, con la finalidad de llegar a un acuerdo razonable.

En el encuentro participó el director ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, Onofre Rojas, y el encargado de Residuos Sólidos del Ministerio de Medio Ambiente, Francisco Flores Chang.

Al salir de la reunión el ministro de Medio Ambiente advirtió sobre el riesgo a la salud de la población del Gran Santo Domingo la ocurrencia de un “tranque” en el proceso de negociaciones entre los ayuntamientos y la empresa que administra el vertedero.

“Vamos a continuar este proceso durante toda esta semana a fin de buscar un entendimiento que busque el pago justo y posible”, sostuvo.

Salud de la población en riesgo

El pasado viernes, el Ministerio de Medio Ambiente intervino el vertedero ante la advertencia de Salud Púbica de que 3.7 millones de residentes del Gran Santo Domingo estarían en riesgo de contraer enfermedades por el cúmulo de basura que ya se observa en la capital, desde que Lajún decidió trabajar en un horario de oficina de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Pese a que la empresa restableció el horario anterior de operaciones en el vertedero, los camiones de las compañías recolectoras de basura de los diferentes ayuntamientos siguen formando largas filas en la vía que da acceso al depósito en espera de verter los desechos.

Altercado entre empleados

Ante la situación, empleados de las compañías recolectoras bloquearon con un camión la entrada principal del vertedero con el argumento de que la empresa que gestiona Duquesa utiliza tácticas dilatorias en el proceso de vertido. En respuesta a la acción, un empleado de la Lajún Corporation sacó una pistola que portaba apuntando hacia arriba, mientras uno de los militares de puesto en el lugar apuntaba con un arma larga hacia los trabajadores de las compañías recolectoras. Dos horas más tarde, Lajún envió un comunicado ofreciendo su versión sobre lo sucedido. “Hoy lunes 20 de marzo, uno de los camiones de las compañías de transporte bloqueó la entrada con la intención de interrumpir las operaciones normales de Lajún Corporation y culpar a esta compañía de un atraso de manera injusta”, destaca la nota.

En tanto, Julio César Zapata, empleado de una compañía recolectora de Santo Domingo Oeste, llegó desde las 6:00 y todavía al mediodía no había podido verter los desechos. “No es posible que uno se levante de madrugada a las 3:00 de la mañana a llenar un camión, expuesto a que maten a uno en la calle, para meterse en una fila y que todavía a la 12:00 del día uno no haya podido vaciar”, dijo.

Al respecto, el alcalde del Distrito Nacional hizo un llamado a la compañía Lajún, para abrir un diálogo con el que puedan llegar a un entendimiento a la mayor brevedad posible, dejando atrás los intereses particulares, y reiteró que está en plena disposición de hacer un aumento en las tarifas siempre y cuando, las negociaciones las realice Medio Ambiente.

Sostuvo que el Gran Santo Domingo “no aguanta más” y que por tal razón el problema debe ser solucionado cuanto antes

Medidas ponen en aprietos a las alcaldías 

El pasado febrero, la empresa Lajún Corporation decidió subir la tarifa por tonelada de desechos vertidos en el vertedero de 130% a 1,100% a los ayuntamientos del Gran Santo Domingo, aumento que fue rechazado por las alcaldías, la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Liga Municipal Dominicana(LMD), calificándolo de desproporcionado y abusivo. La empresa, que además dice ser dueña de los terrenos donde opera Duquesa, asegura que está en su legítimo derecho de aumentar el precio de los servicios. Argumentó que los ayuntamientos no están cumpliendo con el pago y como consecuencia la compañía no tiene fondos para operar. La situación ha afectado el sistema de recolección de basura, Salud Pública advierte sobre el resurgimiento de enfermedades.

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