Un estudio realizado por Participación Ciudadana (PC) arrojó que la desigualdad social es una de las principales causas de la inseguridad ciudadana que vive el país.
La investigación, coordinada por la antropóloga social Tahira Vargas, y realizada en seis provincias, determinó, asimismo, que el desempleo y el tráfico de drogas son causas estructurales del auge de la delincuencia.
En la socialización de los resultados de la consulta, Vargas señaló por otro lado que “el maltrato infantil, el uso de drogas por niños y niñas, y la vulnerabilidad y desprotección de esta población frente a las redes delictivas, como las principales preocupaciones de la niñez”.
El estudio, realizado en las provincias Bonao, Puerto Plata, Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís y el Gran Santo Domingo, abordó como ejes centrales las acciones preventivas e intervención correctiva frente al aumento de la delincuencia.
Entre tanto, el director del Programa de Transparencia de PC, Carlos Pimentel, explicó que el objetivo del estudio fue “identificar la realidad de la violencia y la inseguridad en estos barrios, y en consecuencia de qué manera estos resultados pueden servir para identificar políticas públicas que permitan reducir los altos niveles de inseguridad”.
Pimentel subrayó que “la inseguridad está relacionada con los niveles de exclusión, la pobreza, con la corrupción y la impunidad. Este diagnóstico nos conduce a la reflexión, para pensar en políticas públicas desde una perspectiva más integral”.
Justicia ineficiente
La antropóloga enfatizó entre tanto en “la necesidad de fortalecer la institucionalidad y mejorar los mecanismos de respuesta de las autoridades competentes para brindar protección y justicia a las víctimas de casos delictivos”.
Entre tanto Carlos Pimentel advirtió además que “las instituciones que tienen responsabilidad en la persecución del crimen y el delito, no tienen niveles de efectividad”.
Ambos coincidieron en que para hacer frente a este flagelo hace falta “generar un vínculo continúo entre la sociedad civil, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía”.
Recomendaciones
Los expertos indicaron que los niveles de delincuencia podrán reducirse cuando “el Estado garantice oportunidades de desarrollo a todas las personas, sin excepciones por características sociales o de clase, y se le ponga freno a la corrupción e impunidad”.
“Además resulta necesario que el Estado y empresarios aseguren salarios dignos y programas que permitan acceder a una mejorar calidad de vida”, expresaron.
