¡O jugamos todos o se rompe la baraja!

El drama teatral que se sigue, tiene dos actos. El primero fue la “quirinada” con el que se colocó un narcotraficante condenado a reclamarle al Dr. Leonel Fernández, como si fuera parte de su bajo mundo; nada más reprochable. Aquello impactó&#8230

Jugamos todos o se rompe la baraja

Nuestro Estado ha crecido de forma desorganizada e irracional, no solo en cuanto al número de empleados sino porque no hay coherencia y racionalidad…

Jugamos todos o se rompe la baraja

Nuestro Estado ha crecido de forma desorganizada e irracional, no solo en cuanto al número de empleados, sino porque no hay coherencia y racionalidad en su composición.

El drama teatral que se sigue, tiene dos actos. El primero fue la “quirinada” con el que se colocó un narcotraficante condenado a reclamarle al Dr. Leonel Fernández, como si fuera parte de su bajo mundo; nada más reprochable. Aquello impactó porque ese es el efecto natural en un pueblo cuando es sorprendido.

Se buscaba descalificarlo, pero lo que hicieron fue victimizarlo ante el pueblo, que despejada la bruma inicial, comprobó que había sido lastimado y agraviado. Él guardó silencio prudente y su dominio estoico lo ha convertido en un líder templado.

En el 2012 había salido a las calles para que el Lic. Danilo Medina pudiera ganar, acortándose los más de 20 puntos que lo había colocado debajo del candidato opositor, que lo era Hipólito Mejía. En el 2016, a pesar de aquellos agravios, también salió a las calles para aportarle los votos que necesitaba Danilo para reelegirse y ganar en primera vuelta. Aunque la mezquindad de algunos los han llevado a decir que Danilo ganaba sólo.

Ahora se ve asomar el segundo acto del drama teatral. Los mismos actores aparecen con nombres también conocidos, colocando en las manos de una periodista los “Papeles de Panamá”, bajo el supuesto de que podían sorprender nuevamente al país, esta vez entrevistando al Ing. Diandino Peña, que a pesar de su ingenua capacidad política, no se pudo hacer conexión entre sus bienes y la construcción del “Metro de Santo Domingo”.

Más bien, los televidentes consideraron que aquello fue un maltrato y hasta “una quirinada”.

Es que se esperaba una intentona de agravio contra Leonel, esta vez lució clara que era para vincular a Diandino con los “Papeles de Panamá”.

Este es el esperado segundo acto del drama; aunque no se sabía cómo, cuándo y con quién se montaba. Desde el año pasado, después de las elecciones, se supo y lo dije en el programa “Uno+Uno” de Teleantillas, que tratarían de vincular a Leonel con los “Papeles de Panamá”.

Este segundo acto del drama se acompaña, como en el primero, de declaraciones de ministros cercanos al Presidente que proclaman su reelección.

El caso más reciente es el de Obras Públicas que pretende que en unas primarias simultáneas y con padrón abierto propongan al Presidente como candidato presidencial por el PLD para 2020.

En adición, y para empeorar, el Tribunal Constitucional acaba de dar una sentencia impropia, “olvidando” el mandato constitucional establecido en el artículo 272, que ordena: “Pa?rrafo III.- Si el resultado del referendo fuere afirmativo, la reforma sera? proclamada y publicada i?ntegramente con los textos reformados por la Asamblea Nacional”; pudo, aplicar este párrafo, asumiendo el Art. 47 de su propia ley, cuidando por demás su legado histórico y no coyuntural, que autoriza “exhortar”, como en la especie, al Congreso a respetar en el futuro aquella norma procesal que ordena el referendo y sólo “proclamar y publicar” si la reforma era refrendada.

A todo lo anterior, agréguele los amagos en romper los acuerdos del CP, otros del CC y la Convención Nacional.

¿De qué se trata? ¿Irrespetar las reglas? Ellas son las que unen, si no el drama tiene su nombre: “El PLD se mató como Chacumbele”, por eso “Jugamos todos o se rompe la baraja”. l

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Nuestro Estado ha crecido de forma desorganizada e irracional, no solo en cuanto al número de empleados sino porque no hay coherencia y racionalidad en su composición. Múltiples entidades que ya no tienen razón de ser y que se mantienen como parte del botín político, instituciones  que se van superponiendo para superar las ineficiencias de otras sin que ninguna resuelva el problema como es el caso  del transporte, personal en exceso y desorden total en las políticas de compensaciones.

A pesar de los esfuerzos que se han hecho desde hace décadas con el voto en 1991 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de la ley de  Función Pública en el año 2008; son pocos los avances reales que pueden registrarse, en gran medida por la falta de voluntad política de nuestros gobiernos. Con la esperanza de despolitizar ciertas entidades que deberían ser técnicas también se fueron creando superintendencias e institutos con autonomías presupuestarias, que lamentablemente no han servido para garantizar una regulación efectiva e independiente porque lejos de estar despolitizados, se han convertido en espacios privilegiados para profesionales  de los partidos  gobernantes, con altas remuneraciones y beneficios complementarios. 

Así las cosas se han ido creando castas privilegiadas de servidores públicos, a unos les basta con laborar por un período como legislador o funcionario de algunos de los bancos estatales para tener derecho a una jugosa pensión, mientras otros luego de haber laborado toda una vida tienen que mendigar la pírrica pensión a la que tienen derecho.

Y no se trata solamente de salarios, sino de dietas escandalosas que se pagan en distintos consejos, de viajes en primera clase, de viáticos exorbitantes, de estadías en hoteles de lujo, gastos de representación fuera de todo control, bonos e incentivos totalmente discrecionales y usos indiscriminados de tarjetas de crédito, entre otros; naturalmente fuera de toda transparencia.

Por eso no es de extrañar que ante el intento de poner algo de control a esta anarquía, mediante el conocimiento y aprobación de una Ley General de Salarios para el Sector Público Dominicano, haya un coro de más de 40 instituciones  pregonando “a mí no, déjenme fuera”; que se sumarían a unas laxas excepciones que ya prevé el proyecto:  “los entes previstos en la Constitución de la República,  los organismos autónomos y descentralizados de naturaleza financiera y los órganos del ámbito militar y policial”.

Lo que este proyecto de ley necesita es que se fortalezca estableciendo los distintos niveles de escalas salariales de todos los funcionarios y estableciendo que no pueden percibir dietas por realizar acciones propias de su función, no dejándolo a una posterior reglamentación del Ministerio de Administración Pública. También requiere  disposiciones estrictas en cuanto a los conflictos de intereses y regulaciones sobre viajes; que sirvan de base para todo el sector público aunque se sometan a legislaciones especiales los órganos de excepción previstos, que no por ser autónomos tienen que ser anárquicos. El asunto es que o jugamos todos o se rompe la baraja.

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Nuestro Estado ha crecido de forma desorganizada e irracional, no solo en cuanto al número de empleados, sino porque no hay coherencia y racionalidad en su composición. Múltiples entidades que ya no tienen razón de ser y que se mantienen como parte del botín político, instituciones que se van superponiendo para superar las ineficiencias de otras sin que ninguna resuelva el problema como es el caso del transporte, personal en exceso y desorden total en las políticas de compensaciones.

A pesar de los esfuerzos que se han hecho desde hace décadas con el voto en 1991 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de la ley de Función Pública en el año 2008; son pocos los avances reales que pueden registrarse, en gran medida por la falta de voluntad política de nuestros gobiernos.
Con la esperanza de despolitizar ciertas entidades que deberían ser técnicas también se fueron creando superintendencias e institutos con autonomías presupuestarias, que lamentablemente no han servido para garantizar una regulación efectiva e independiente, porque lejos de estar despolitizados, se han convertido en espacios privilegiados para profesionales  de los partidos  gobernantes, con altas remuneraciones.

Así las cosas, se han ido creando castas privilegiadas de servidores públicos, a unos les basta con laborar por un período como legislador o funcionario de algunos de los bancos estatales para tener derecho a una jugosa pensión, mientras otros luego de haber laborado toda una vida tienen que mendigar la pírrica pensión a la que tienen derecho.

Y no se trata solamente de salarios, sino de dietas escandalosas que se pagan en distintos consejos, de viajes en primera clase, de viáticos exorbitantes, de estadías en hoteles de lujo, gastos de representación fuera de todo control, bonos e incentivos totalmente discrecionales y usos indiscriminados de tarjetas de crédito, entre otros.

Por eso no es de extrañar que ante el intento de poner algo de control a esta anarquía mediante el conocimiento y aprobación de una Ley General de Salarios para el Sector Público dominicano, haya un coro de más de 40 instituciones  pregonando “a mí no, déjenme fuera”; que se sumarían a unas laxas excepciones que ya prevé el proyecto: “los entes previstos en la Constitución de la República, los organismos autónomos y descentralizados de naturaleza financiera y los órganos del ámbito militar y policial”.

Lo que este proyecto de ley necesita es que se fortalezca estableciendo los distintos niveles de escalas salariales de todos los funcionarios y estableciendo que no pueden percibir dietas por realizar acciones propias de su función, no dejándolo a una posterior reglamentación del Ministerio de Administración Pública. También requiere disposiciones estrictas en cuanto a los conflictos de intereses y regulaciones sobre viajes; que sirvan de base para todo el sector público aunque se sometan a legislaciones especiales los órganos de excepción previstos, que no por ser autónomos tienen que ser anárquicos. El asunto es que o jugamos todos o se rompe la baraja.

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