PUERTO PRÍNCIPE. Watson Saint Fleur tiene 12 años, pero nunca ha ido a la escuela. Ha crecido haciendo tareas domésticas y vendiendo bolsas de plástico con agua potable en las calles de la ciudad, en medio del ruido de motocicletas y camiones.Es uno de los “restaveks” de Haití, un término para describir a los hijos de parejas pobres, que los entregan a otros con la esperanza de que tengan oportunidades de escapar a una vida sin opciones o al menos consigan más comida. Es una práctica muy arraigada en Haití, donde a menudo las familias tienen muchos hijos a pesar de la pobreza extrema.
Para muchos, esa vida mejor nunca llega. Se ven explotados como sirvientes en hogares ligeramente más prósperos que los suyos, trabajan largas jornadas a cambio de comida y un sitio para dormir en el suelo de una choza. Algunos sufren palizas habituales, se ven privados de una educación y son víctimas de abusos sexuales. Y su número ha ido creciendo de forma drástica, ante la expansión de las barriadas marginales urbanas y el agravamiento de la pobreza en zonas rurales.
Varios estudios señalan que la población de menores empleados domésticos subió de unos 172,000 en 2002 a unos 286,000 en 2014, cuatro años después de que un terremoto allanara buena parte de Puerto Príncipe y las zonas circundantes, matando hasta a 300,000 personas y dejando a 1.5 millones de personas sin hogar.
Ahora, defensores de la infancia en el país más pobre del hemisferio occidental se preparan para otro aumento en el número de jóvenes como Watson, empujados a una servidumbre sin sueldo.
El gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos estudia suspender un programa humanitario que ha protegido a casi 60,000 haitianos de la deportación desde el terremoto, un “estado temporal de protección” basado en la suposición de que su país de origen no podía gestionar su llegada tras el sismo. Si no se amplía el programa, conocido por sus siglas en inglés TPS, las deportaciones a Haití podrían comenzar en enero. Una deportación masiva de esa clase acabaría con las remesas con las que comen muchas familias haitianas, en un país donde la pobreza severa es la principal impulsora de la práctica de los restavek.
“No hay duda de que el fin del TPS creará muchos más restaveks”, dijo Gertrude Sejour, una destacada activista de defensa de la infancia en Haití.
Investigadores sociales en Haití señalan que la costumbre cultural de los niños sirvientes es compleja, aunque a menudo se la critica como una forma de esclavitud moderna. Un estudio de 2015 financiado en parte por UNICEF determinó que aproximadamente el 25% de los menores haitianos entre cinco y 17 años no vive con sus padres, aunque la mayoría viven con parientes y no todos son empleados domésticos. Se calcula que 30,000 niños viven en centros residenciales en Haití. Aunque a menudo se los describe como “huérfanos”, la inmensa mayoría de ellos tienen al menos un progenitor vivo y han sido asignados a centros.
Programa ha tenido éxito limitado
Las autoridades dicen que la reintegración de los chicos restavek con progenitores biológicos ha tenido un éxito muy limitado. La vulnerabilidad que provocó el traslado del menor en un principio, la escasez de comida y la falta de dinero para costear la escuela suelen persistir. “Un padre dirá: ‘No podemos acogerle de regreso, deje al niño donde está’”, señaló Diem Pierre, portavoz del Instituto de Investigación y Bienestar Social, la agencia de servicios sociales del Gobierno. Está claro que el trabajo infantil abusivo sólo perpetúa un ciclo infinito de analfabetismo.
