La Asociación de Bancos Comerciales (ABA) informó que el sistema bancario pagó intereses a las empresas en 2010 por unos RD$6,000 millones, una parte de estos destinados a los fondos de pensiones en su rol de depositantes.
Al ofrecer esa cifra, la ABA contradice a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), quien afirmó que del total de intereses pagados, las empresas recibieron un monto de RD$30,000 millones.
La organización representante de la banca también rechazó que el año pasado el sistema financiero pagara intereses por unos RD$54,000 millones, como ha externado la DGII, y dijo que se trató de RD$20,181 millones, de acuerdo a estados financieros auditados.
“Para que los intermediarios financieros pagaran intereses por RD$54,000 millones en 2010, como afirma el comunicado de la DGII, tendrían que haber operado con una tasa pasiva de 25%, casi cinco veces mayor al rendimiento promedio de los depósitos del público.
Además, se trataría de un interés que duplicaría la tasa activa promedio de 12.15% que las instituciones financieras cobraron por los préstamos otorgados a sus clientes”, dijo la ABA por vía de un documento.
Agrega que “en consecuencia, las cifras manejadas por la DGII en la referida publicación, están totalmente divorciadas a las operaciones del sistema bancario dominicano”.
Concretamente, la ABA con esas expresiones se refiere a informaciones que ofreció la DGII a la opinión pública el pasado viernes en un comunicado.
“Busca justificar norma”
La ABA asegura que las cifras de la DGII sobre el tema aluden una evasión por parte de las empresas. Agregó que Impuestos Internos intenta justificar de esa forma la Norma General 13-2011 y que desde la óptica de la banca es contraria a la Constitución, a la Ley Monetaria y Financiera, al Código Tributario y a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. “Las acciones legales y de opinión pública del sistema bancario en torno a la Norma 13-2011, no pueden verse como una postura injustificada y agresiva, pues tienen como objetivo hacer prevalecer el respeto a la ley y al estado de derecho, y la necesidad de que el sistema financiero no sea obligado a operar al margen de la legalidad”, aclaró la ABA.
