Al margen de posiciones enarboladas al fragor de pasiones políticas coyunturales, un punto coincidente entre opositores y oficialistas, es que los cambios institucionales de los últimos 15 años, han marcado el inicio de una nueva era en la República Dominicana.La crisis post electoral del 1994 fue quizás el eje que impulsó este proceso de cambios institucionales, fundamentalmente expresado en los ámbitos judicial, político, electoral y económico.
Incluso, la misma reforma a la Constitución proclamada el 26 de enero del pasado año contrasta con la Carta Magna vigente hasta el 1994, que tuvo que ser modificada como única salida a la crisis político-electoral de entonces.
La nueva Constitución replanteó la misión del Estado y los derechos fundamentales de sus habitantes. Asimismo, rediseña a las instituciones más importantes, creando figuras como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Se incluyen cambios sustanciales al Poder Judicial y el Ministerio Público, porque les asigna gestión administrativa y de carrera a los Consejos Superiores de ambas entidades.
Hoy, el Poder Judicial tiene fisonomía propia, debido a que su estructura cuenta con la carrera judicial y el fortalecimiento de la independencia de la judicatura y su profesionalización, a través de la Escuela Nacional de la Judicatura. “Se ha desarrollado un proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico, avanzando en la concreción de la supremacía de la Constitución y subordinando todos los actos de los poderes públicos a su jerarquía”, expone el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños.
Otros cambios que se desprenden de la revolución institucional, son el relanzamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa, como espacio de la ciudadanía para poner límites al poder cuasi absoluto de la administración pública. Igualmente, la ampliación de los derechos y garantías contenidos en la reforma del sistema de justicia penal, y su posterior constitucionalización. Esto último ha permitido que la víctima tenga nuevos espacios de protección de sus derechos, lo mismo que los imputados de crímenes.
Un elemento significativo en los cambios institucionales en el país, tiene que ver con la existencia del Sistema Nacional de Defensa Pública, que ha garantizado que miles de ciudadanos que anteriormente no tenían posibilidad de ser defendidos en los tribunales, ahora tengan defensores profesionales para velar por sus derechos.
Campo económico
La transformación institucional se advierte igualmente en las políticas económicas, especialmente con la adopción de un conjunto de leyes orgánicas en materia de regulación y ordenamiento de la actividad económica nacional, en sus diferentes áreas, entre las que figuran el Código Monetario y Financiero y la Ley de Sociedades Comerciales, que han dotado al país de mayor seguridad jurídica.
Otros logros importantes en este campo fueron la aprobación de la Ley de Seguridad Social, la Ley General de Salud y la Ley de Electricidad, así como la de Seguridad Social, sancionadas en el período 2000-2004. En esa época comenzó y se concretizó el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).
Algunos aspectos incluidos en la Ley Monetaria y Financiera fueron limitar las funciones de la Junta Monetaria del Banco Central -incluidos el gobernador y el superintendente de Bancos-; el aumento en la transparencia de las cuentas monetarias y financieras del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, y la instauración de una supervisión consolidada de entidades financieras.
Para tener una idea de los avances en materia económica y de regulación basta mencionar que ya no se otorgan exoneraciones alegres de importación de vehículos, hay un régimen legal de contrataciones, las renovaciones y expediciones de documentos fociales son automatizadas y los recursos del Gobierno deben gastarse bajo lagislaciones específicas sobre el presupuesto.
En los años subsiguientes, se aprobaron legislaciones que modifican el régimen tributario de los juegos de azar y apuestas, que establecen un impuesto a los activos financieros. Otras reformas importantes, son los dispositivos de administración tributaria, como el fortalecimiento de la fiscalización de las exenciones y el uso de combustibles para la generación de electricidad.
END, una apuesta para largo plazo
En los cambios surgidos en el área económica, es preciso mencionar el desarrollo de nuevas herramientas de planificación de corto, mediano y largo plazos, siendo la punta de lanza la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), aprobada por el Senado y pendiente de su conversión en ley, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública.
El sistema de pagos de la República Dominicana también ha registrado avances significativos. Desde febrero del 2010 inició el Sistema de Interconexión de Pagos de Centroamérica y República Dominicana (SIP), que permite la transferencia de fondos entre los clientes de las entidades bancarias de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.
Las autoridades financieras y monetarias trabajan igualmente en la implementación de una nueva Cámara de Compensación Electrónica de Cheques, que pretende reducir el tiempo de los tránsitos bancarios a su mínima expresión.
La Junta Monetaria impulsó también la Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, que plantea nuevos instrumentos financieros que buscan impulsar el Mercado de Valores. La transparencia en las operaciones financieras es también otro capítulo.
