El tráfico y trata de personas, delito que lucra a costa de la vida humana, aumenta en la misma medida en que se complica la supervivencia de una población.El año pasado, el departamento de Control Migratorio e Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional contabilizó 39 casos de este tipo, de los cuales 24 fueron resueltos y 15 están pendientes, para un total de 27 personas sometidas a la Justicia.
Según informaciones dadas por la oficial Carmen Maritza Pérez, encargada del departamento, en el año 2007 cuatro burdeles fueron cerrados en Higüey producto de los operativos de la institución.
En un caso específico, el Segundo Tribunal Colegiado de la Provincia Santo Domingo condenó a 15 años de prisión a los haitianos Willy Jean Pie y Kodoni Pie, dos de tres acusados de tratar a menores haitianos. Los imputados se encargaban de pasar los niños a través de la frontera dominico-haitiana y alojarlos en una casa de Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, desde donde los rentaban para ponerlos a pedir en algunos semáforos del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo y así ganar dinero.
La prohibición del tráfico y trata de personas está consagrada en la Constitución dominicana, que en su artículo 41 expresa: “Se prohíben, en todas sus formas, la esclavitud, la servidumbre, la trata y el tráfico de personas”.
Mientras, de acuerdo con la Ley 137-03, los culpables de dichos delitos enfrentan penas de entre 10 y 15 años de cárcel para el tráfico y 15 y 20 años para la trata. República Dominicana ha suscrito convenios internacionales en el marco de las disposiciones de Naciones Unidas para enfrentar con mayores éxitos dichas prácticas.
