Las propuestas para que el Gobierno elimine la duplicidad y la inoperancia en las instituciones públicas de República Dominicana vienen desde el 2004, sin éxito.En ese año, desde el Consejo Nacional de Reforma del Estado (Conare) se plantearon una serie de aspectos, muchos de los cuales han pasado “sin pena ni gloria”.
Esas propuestas refieren la conformación y fusiones por ejemplo, de los gabinetes, en uno social, uno institucional, uno económico y otro sobre comunicación. A partir de ahí se fijan tres etapas para eliminar muchas de esas duplicidades en organismos de Estado que absorben cada año grandes sumas de dinero del presupuesto nacional.
La idea planteada por el Conare en la citada etapa, bajo la dirección del doctor Tirso Mejía Ricart, era que se culminara con el establecimiento de entre ocho y diez ministerios y se crearan secretarías de Estado dentro de éstos (como se hace en muchos otros países) para concentrar las decisiones de políticas generales en torno a esos organismos responsables y entonces integrar y eliminar muchos organismos que son repetitivos y que en muchos de los casos lo que hacen es que en su accionar se divida el pastel por regiones para no tener que desaparecerlos. El documento elaborado por el Conare en 2004 se denomina “Propuestas para la reforma de la administración pública” y contiene un abanico de temas tendentes a poner orden en un esquema donde abundan las instituciones públicas sin razón de ser y donde muchas otras, con funciones similares, excavan los recursos económicos estatales.
La propuesta, a pesar de ser gradualista y práctica, no se aplicó finalmente, excepto en algunos aspectos parciales. “Ahora mismo hay un caos que impide una adecuada planificación”, sostuvo ayer Tirso Mejía Ricart, cuando elCaribe solicitó su opinión sobre un tema que ha llamado la atención de diversos sectores del país, entre ellos el empresarial y varios economistas.
“La falta de coordinación entre las entidades públicas y las propias instituciones, la superposición y duplicidad de funciones entre los sectores y subsectores nacionales y la falta de instrumentos y mecanismos institucionales que operen ágiles y coordinados para ejecutar políticas sectoriales fomentan la dispersión e ineficiencia, mientras la ciudadanía espera reacciones y respuestas eficientes ante la diversidad de problemas que se presentan en el país”, expone el documento preparado por el Conare, al referir el capítulo sobre reforma del Poder Ejecutivo.
En todos los ámbitos
Las instituciones inoperantes y duplicadas que se citan con frecuencia en el país se encuentran en las áreas de la agropecuaria, del transporte, del ámbito social y de la vieja estructura empresarial.
En el sector transporte, por ejemplo, las entidades oficiales que deben regular el tránsito y el transporte en el Gran Santo Domingo son siete, de un total de 14 vinculadas, pero a pesar de eso todavía se espera una autoridad rectora que trace las políticas y que ponga orden.
Las principales son la Autoridad Metropolitana del Transporte, (AMET), la Oficina Técnica del Transporte Terrestre (OTTT), la Dirección General de Tránsito Terrestre, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), el cabildo de cada localidad, el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (Fondet), la OMSA y el Departamento de Vehículos de Motor de Impuestos Internos.
Mientras, las instituciones estatales dedicadas a programas de asistencia social y desarrollo suman unas 20, muchas de ellas con funciones casi idénticas. A esto se suma que varios ministerios tienen programas de asistencia y de ayudas. Entre las instituciones cuya existencia se cuestiona figuran: el CEA, el IAD, el Inespre y el Fonper.
La decisión está en manos de la Presidencia
Desde el 2004 el Conare advirtió que “se necesita redimensionar gradualmente las estructuras estatales, las cuales deben reordenarse atendiendo a la racionalidad y necesidad de evitar las duplicidades en la gestión. No debe olvidarse el principio de economía y eficiencia en el gasto público”, plantea la institución en la propuesta sobre el tema. elCaribe se enteró ayer que el Conare preparó nuevamente un informe y que lo entregó a la Presidencia a la llegada de Danilo Medina al poder.
En este caso, según la información sumistrada a este diario, el Ministerio de la Presidencia es el responsable de referir las acciones que se implementarán para abordar el tema del abultamiento de instituciones con actividades parecidas y de los organismos con funciones en entredicho. El Conare ya entregó su comentario y la documentación se encuentra en el Palacio Nacional, dijo una fuente, a la espera de que se realice una revisión para hacer más racional el uso de los recursos.
