El empresario Celso Marranzini abogó por una rápida y razonable salida legal que haga prevalecer el interés público en el tema de la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina, con capacidad de 752 megavatios. Marranzini, exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), cuando toca el tema, se refiere a medida cautelar del Tribunal Superior Administrativo, que ordena detener la licitación mediante la cual se construyen dos plantas a carbón.
Sostuvo que al margen de la decisión soberana del tribunal y de los argumentos que tenga para haber emitido sentencia, se impone tomar en cuenta “el principio de la afectación grave al interés público o de terceros”.
Marranzini consideró que las dos plantas a carbón, de 376 megavatios cada una, son fundamentales para encarar los cambios que se producirán en el mercado eléctrico en el corto plazo por el vencimiento de los contratos de compra de energía en el marco del Acuerdo de Madrid.
Recordó que en 2016 finalizan contratos que implican 1,500 megavatios, incluyendo el de la generadora San Felipe, “por lo cual no contar con nueva energía de base sería un altísimo riesgo para el país”. Sostuvo que no contar con esa energía, tanto los consumidores como los empresarios se verán afectados no sólo por el precio, sino por el suministro, pues dentro de dos años la demanda será mucho mayor.
