El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, pidió ayer a la Cámara de Diputados que proceda a investigar si los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) en la sentencia 012/2019 no respetaron lo dispuesto por el Tribunal Constitucional sobre la convención del PRD.

Pared Pérez señaló que los tres jueces que votaron en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el fallo del TSE 002-2018 que a su vez dejó sin efecto la convención del 3 de diciembre del 2017 que escogió las actuales autoridades del Partido Revolucionario Dominicano, (PRD) cometieron un “hecho grave al desconocer una sentencia del Tribunal Constitucional”. “Para nosotros constituye un grave atropello a la institucionalidad de la República Dominicana”, dijo.

Los magistrados que aprobaron la sentencia 012/19 son el presidente, Román Jáquez Liranzo y los titulares, Rafaelina Peralta y Santiago Sosa. Los magistrados Cristian Perdomo y Ramón Arístides Madera Arias, emitieron votos disidentes.

“Hay un hecho grave que se ha cometido y denunciado, e insto a la Cámara de Diputados, a que procedan a investigar si se ha producido una violación a la Constitución, porque si fuere así, se debe proceder de inmediato a un juicio político, porque en diez años que tiene el TC, ninguna persona ni ningún órgano del Estado, se había atrevido a contradecir o cuestionar lo establecido por el TC, y para nosotros es una gravedad tal ese atropello a la institucionalidad del país, que amerita el Congreso Nacional actúe en consecuencia”, expresó.

Pared Pérez, también secretario general del PLD, que tiene mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, dijo que los jueces del TSE habrían violado el artículo 184 de la Constitución que establece que las decisiones del Tribunal Constitucional son precedentes vinculantes a todos para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.

El senador de la Capital sostuvo que el TSE volvió a examinar el mismo asunto que ya había sido declarado inconstitucional por Tribunal Constitucional. “Tres miembros de ese Tribunal Superior Electoral le hicieron caso omiso a esa sentencia que había dispuesto al Tribunal Superior Electoral y en diez años ninguna persona ni ningún órgano se había atrevido y para nosotros amerita que el Congreso Nacional preceda en consecuencia”.

La solicitud de Pared Pérez es en función de lo establecido en el artículo 83 de la Constitución sobre las atribuciones de la Cámara de Diputados. Ese artículo señala:

“Acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos elegidos por voto popular, a los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura, por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. La acusación sólo podrá formularse con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula.
Cuando se trate del Presidente y el Vicepresidente de la República, se requerirá el voto favorable de las tres cuartas partes de la matrícula. La persona acusada quedará suspendida en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación”.

Igualmente, apeló a la aplicación del numeral uno del artículo 80 de la Constitución que dispone que el Senado debe conocer “de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra las y los funcionarios señalados en el artículo 83”. Ese artículo establece que las personas declaradas culpables no podrán ejercer función pública sean o no de elección popular por un tiempo de diez años.

Invitó a la Cámara de Diputados a investigar si “hubo tal violación porque es un grave atropello a la institucionalidad de la República Dominicana”.

El pasado martes, el vocero del bloque de Diputados del PRD, Radhamés González, advirtió que los jueces del TSE que votaron para anular la convención del PRD serían sometidos a juicio político por no acatar la sentencia del Tribunal Constitucional.

La Trigésima Cuarta Convención Extraordinaria Pedro A Franco Badía del PRD, que fue anulada por el TSE, fue realizada el 3 de diciembre del 2017, modificó los estatutos y eligió la alta dirección y a su presidente Miguel Vargas por cuatro años que culminarían en el 2021.

Luis Abinader califica de “grave atentado“

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, calificó de grave y siniestro que el presidente del Senado pida un juicio político a los jueces del Tribunal Superior Electoral. “Es grave y siniestro para la democracia el intento de intimidación del presidente del Senado contra los jueces del TSE”, indicó Abinader a través de su cuenta de Twitter. El dirigente perremeísta criticó que Reinaldo “solo acepta sentencias que le gustan como las del TSE anterior”.

La controversial sentencia 012/2019

En el dispositivo de la sentencia que emitió el TSE el pasado lunes, se establece que en este caso no se evaluó lo relativo a los requisitos exigidos a las convocatorias de las reuniones, sino el quórum.

La sentencia puntualiza que en la primera instrucción que la corte realizó sobre el proceso el aspecto relativo al quórum no fue objeto de análisis por dos razones. La primera es que como la convocatoria a la reunión de la Comisión Política fue considerada irregular, eso produjo la nulidad de todas las actuaciones posteriores y lo segundo es que el listado de concurrentes a la reunión del Comité Ejecutivo no fue depositado como medio de prueba por las partes.

Asimismo, la sentencia agrega que no fue posible constatar que la reunión del Comité Ejecutivo Nacional reunió el quórum requerido y que el acto de prueba depositada por el PRD tenía fecha del 21 de diciembre y la reunión se hizo el 19 de este mismo del 2017.

El fallo del TSE especifica que no evaluó lo mismo que fue anulado por el Tribunal Constitucional porque las decisiones de ese órgano son vinculantes y que por eso se acogió a lo decidido por los jueces del órgano máximo intérprete de la Constitución.

Jáquez recibió presión antes y después del fallo

Antes y después de que el TSE emitiera la sentencia 012-19 los jueces de la corte especialmente el presidente, Román Jáquez, han sido sometidos a presiones y hasta amenaza de juicio político. El pasado sábado en la mañana el jefe de seguridad del TSE y el de Jáquez fueron relevados sin mayores explicaciones a pesar de que la lectura del dispositivo del fallo estaba contemplado para las 11:00 de la mañana del pasado lunes. El presidente del TSE volvió a tener su escolta la tarde del lunes, según fuentes de entero crédito. Además, en las redes sociales se ha comentado que Jáquez sería investigado por la Procuraduría General de la República por la adquisición de su casa.

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