La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha generado diversas reacciones
La ausencia de representantes del Estado dominicano en la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en febrero pasado no es una afrenta contra la misma, sino un acatamiento de una decisión emitida por el Tribunal Constitucional dominicano (TC).
Así lo afirmó ayer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, al indicar que el Gobierno dominicano respeta y valora el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que su postura se basa al acatar la sentencia del TC.
“La no presentación del Estado dominicana a la audiencia del 8 de febrero de 2019 en la que se conocería un asunto que concierne a la RD se debió a un acatamiento por parte del Gobierno dominicano a la sentencia del Tribunal Constitucional TC-256-14, ya que según dispone el artículo 184 de la Constitución dominica la decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”, sostuvo.
La referida sentencia dice que República Dominicana no está sujeta a la Corte Interamericana sobre lo relativo a la nacionalidad.
Añadió que el Gobierno dominicano “si no se presentó en esa audiencia, como no se presentó en esa audiencia, lo hizo no porque tenga una actitud hostil o de afrenta contra la Corte Interamericana, lejos de eso, lo hemos hecho porque hay un órgano que se llama Tribunal Constitucional que tiene atribuciones según la Constitución dominicana y ese órgano dictó una sentencia, el Gobierno dominicano respeta esa decisión del Tribunal Constitucional”.
Dice Gobierno está sometido al TC
Flavio Darío Espinal añadió que el Gobierno dominicano “si no se presentó en esa audiencia, como no se presentó en esa audiencia, lo hizo no porque tenga una actitud hostil o de afrenta contra la Corte Interamericana, lejos de eso, lo hemos hecho porque hay un órgano que se llama Tribunal Constitucional que tiene atribuciones según la Constitución dominicana y ese órgano dictó una sentencia, el Gobierno dominicano respeta esa decisión del Tribunal Constitucional”.
Afirmó que el Gobierno está sometido a la supremacía del TC y a la Constitución y que la definición de la normativa sobre nacionalidad es un atributo soberano e irrenunciable del Estado dominicano, “el cual aplica de manera objetiva e imparcial sus disposiciones constitucionales y legales sobre esta materia”.
“Ordenamiento jurídico dominicano no genera apátrida”
Asimismo, a leer el documento oficial, dijo que contrario a lo que plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el ordenamiento jurídico dominicano no genera apátrida”.
“El Gobierno dominicano reitera que la definición de la normativa sobre nacionalidad es un atributo soberano e irrenunciable del Estado dominicano, el cual aplica de manera objetiva e imparcial sus disposiciones constitucionales y legales sobre esta materia”, afirmó.
Además, el consultor jurídico sostuvo que el Gobierno dominicano ha seguido participando en las audiencias y reuniones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebra en relación a la República Dominicana.
“Pues la decisión del Tribunal Constitucional no alcanza a dicha Comisión, la cual no es solo un órgano sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino también un órgano de la carta de la Organización de los Estados Americanos”, expuso.
Señaló que la colaboración entre el Gobierno dominicano y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha sido “sumamente dinámica y fructífera en tiempos recientes, lo cual ha sido reconcomido por la propia Comisión”.
“Esperamos que continúe de esa manera. Finalmente, el Gobierno dominicano reitera su compromiso con la defensa de la democracia y el Estado de Derecho así como con la protección de los derechos humanos”, acotó.
Al ser preguntado por periodistas sobre si con esta postura el Gobierno no tendrá representación en la Corte Interamericana a partir de ahora, Darío Espinal afirmó que se ha estado participando en todo lo que concierne a la comisión y en las audiencias y reuniones que convoca la Comisión con respecto al país.
Dijo que a finales de enero de este año el Gobierno estuvo en la celebración ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, lo que se llama Evaluación Periódica Universal.
“Es decir, que el Gobierno también reitera que sigue participando en el ámbito internacional, tanto universal, como regional en los mecanismo de derechos humanos, pero lo que tiene que ver con ese aspecto particular tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que según la Constitución es de carácter vinculante a los poderes públicos y a los demás órganos del Estado”, añadió.
Las reacciones no se hicieron esperar
El pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) con la reiteración de su competencia para conocer casos de República Dominicana relativos al derecho a la nacionalidad, en contra de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) ha generado diversas reacciones.
Mediante resolución la Corte indicó que “no es válida” la sentencia del Tribunal Constitucional, de noviembre de 2014, que declaró inconstitucional el Instrumento de Aceptación de la Competencia de la Corte IDH. En ese sentido, el juez del TC, Rafael Díaz Filpo, indicó que el alto tribunal se desvinculó del CIDH, ya que el procedimiento que se utilizó fue violatorio de la Constitución en razón de que tenía que ser aprobado por el Congreso Nacional, y no lo fue.
El magistrado, primer sustituto del TC , afirmó que “es preciso recordar que el TC emitió una sentencia donde expuso que RD no era signataria de la CIDH”.
Dijo que a la hora de ingresar su membresía, no se agotó el debido proceso al no ser refrendado por el Congreso Nacional de la República, cómo así lo establece la Constitución.
“Ellos pretenden que violemos la Constitución de la República, nuestra Constitución es muy clara, y eso no fue aprobado por el Congreso, es una infamia acusarnos de apátrida y racista”, expresó a través de su cuenta de Twitter.
Por la misma vía reaccionó el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo. “Tienen que saber que hay límites que no puede traspasar, que son del dominio reservado de los estados. Es vulgar patraña confundir apátrida con indocumentación”, sostuvo.
Sobre la posición del Gobierno dominicano que ofreció Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Castillo expresó que “le hubiera gustado ver” la misma respuesta cuando el TC dictó la sentencia 168/13 en materia de nacionalidad.
“Solo que entonces estaba Obama en WH y Brewster como su Procónsul, y por eso el gobierno tenía dos posiciones…pero está bien: es un paso adelante. Hay que depurar registro”, publicó en su cuenta de Twitter @pelegrinc.
De su lado, el precandidato presidencial Víctor Bisonó (Ito) afirmó que advierte que “lo que hay en el fondo es un intento por parte de un segmento en la comunidad internacional de imponer su agenda migratoria por encima de la soberanía nacional.”
El también diputado por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) consideró que esta situación antes que solucionar el “drama humano” que vive Haití, lo que hará es empeorar aún más el ambiente, creando tensiones peligrosas y multiplicando la pobreza.
“El Congreso Nacional jamás votó por la aceptación de la competencia de la CorteIDH. Ese es un grave vicio de procedimiento y obviarlo sería un atentado funesto contra la ya vulnerada separación de poderes. La sentencia 256-14 del Tribunal Constitucional reflejo de ello y pretender que no sea acatada es la verdadera afrenta contra la soberanía de un país”, expresó mediante un comunicado.
“No existen apátridas en República Dominicana. Lo que hay es un plan de organismos internacionales ideologizados para imponer su clara agenda de nacionalización masiva de extranjeros”, manifestó.
Instituto Duartiano rechaza resolución
El Instituto Duartiano expresó ayer su “más categórico” rechazo a la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual reiteró su competencia para conocer casos de República Dominicana relativos al derecho a la nacionalidad. “El referido organismo pretende desconocer una decisión que, como la sentencia número TC/0256/14, fue adoptada por el Tribunal Constitucional dominicano, supremo intérprete de la constitucionalidad en el ordenamiento jurídico del país, en el ejercicio pleno de sus facultades”, expresó Manuel Rodríguez Grullón, secretario general del instituto. Además, señaló que “la nacionalidad dominicana es un tópico que solo incumbe a los dominicanos, por tanto, ningún organismo internacional puede inmiscuirse válidamente en tal cuestión, pues la propia Constitución Política del Estado dominicano se expresa en términos muy claros y precisos cuando establece en su artículo 3 la inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. Igualmente, Rodríguez dijo a través de un comunicado que el Tribunal Constitucional debe ser respaldado por todos los dominicanos comprometidos con su independencia, soberanía y su libertad, que calificó de independiente de todo poder extranjero.
Decisión del TC no vincula a la CorteIDH
De acuerdo con la explicación del abogado Nassef Perdomo una decisión emitida por el TC no vincula a un organismo que no forma parte del Estado dominicano. “Eso es lo que la Corte le está diciendo, tú tienes competencia en República Dominicana pero a mi tú no puedes”, dijo. El experto en materia constitucional, afirmó que el mecanismo adecuado para salirse de la competencia de la Corte, es usar los mecanismos del Derecho Internacional a lo que el país está obligado cuando se trata de sus relaciones internacionales, y ese mecanismo está en la Convención de Viena, sobre derechos de los tratados. Sostuvo que el artículo 62 de la Convención Interamericana que establecía que el reconocimiento de la competencia de la Corte se hace sin otra convención, que quiere dejar dicho decir que para salirse de la Corte hay que salirse de la Convención Americana de Derechos Humanos, “entonces eso quiere decir que si eso se hace los dominicanos vamos a perder muchos derechos”. Dijo que la Corte no puede ordenarle al Estado dominicano reformar su Constitución para cambiar las reglas de la nacionalidad “lo que pasa que la vía para solucionar ese conflicto no era emitir una sentencia diciendo yo no te reconozco”.
