El partido Frente Amplio y el movimiento Bien Común exigieron este miércoles al pleno de la Junta Central Electoral enmendar de inmediato la resolución con la que el organismo mantiene el voto de arrastre en las provincias más pobladas del país, por considerar que la medida, además de violar la Constitución, está diseñada para favorecer “a la cúpula de mañosos” del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Para las organizaciones, la medida de la JCE busca favorecer a los “senadores mañosos” que usan el cofrecito y otros recursos públicos para capturar de manera clientelar y no democrática el voto de las provincias donde se concentra el 59% de los electores del país y se eligen 102 de los 178 diputados del Congreso Nacional.
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Además, agregaron que «con su supuesta decisión salomónica basada en una manipulada interpretación de la Ley Electoral, la JCE está dividiendo las elecciones congresuales en dos categorías opuestas: los candidatos a senadores que estarían obligados a buscar sus votos, uno a uno, en 26 provincias, y los candidatos a senadores que, aunque estén señalados por corrupción, relación con el caso Odebrecht, financiamiento ilegal de campañas u otros casos, podrían ser favorecidos por votos de miles de dominicanos y dominicanas que nunca le votarían y solo esperan verlos en los tribunales de la República».
El Frente Amplio y Bien Común consideraron que si el pleno de la JCE no rectifica la medida violatoria del principio del voto directo establecido en la Constitución y en la Ley de Régimen Electoral debe renunciar, por haberse colocado en una posición de clara parcialidad a favor del PLD y del equipo reeleccionista del presidente Danilo Medina.
Las entidades llamaron a todas las fuerzas opositoras a enfrentar con contundencia y sin “mamoneo” la decisión de la JCE y a exigir un comportamiento verdaderamente democrático por parte del pleno.
Según voceros del Frente Amplio y Bien Común, si las fuerzas opositoras y la ciudadanía no detienen la deriva antidemocrática y fraudulenta de la JCE, las elecciones del 2020 se verán afectadas por irregularidades mayores que las del 2016, con posibilidades de desembocar en un gran conflicto político y social de grandes magnitudes.
