Monción. En Santiago Rodríguez existe el temor de que la provincia retroceda a los niveles de pobreza que tenía en el pasado, si no se extienden los beneficios contemplados en la Ley 28-01, que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, y que finaliza en 2020.
“Hay una parte importante del empresariado de la capital interesada en que los beneficios se eliminen. No vamos a entrar en detalles, pero hay unos amigos de grandes empresas empeñados claramente en eso”, le asegura a un equipo de periodistas que visitó varios pueblos de Santiago Rodríguez, el presidente de la empresa Guaraguanó Foods, Nicolás Almonte. No es el único que se refiere así al tema.
La 28-01 es una normativa con la que mucha gente no estuvo de acuerdo desde sus inicios. Consiguió oposición temprana, en cuanto fue promulgada en el año 2001. Pero conversaciones sostenidas con personas de distintos estratos sociales de los pueblos donde las inversiones llegaron, fruto de esa ley, resaltan el cambio de vida que han alcanzado, especialmente, gracias a que lograron emplearse en alguna actividad económica, por las industrias que surgieron.
La 28-01 fue un instrumento jurídico creado con el propósito de abrir oportunidades para siete provincias fronterizas de la República Dominicana, especialmente vía los empleos. Sin embargo, por facilidades impositivas que ofrece para las empresas que se instalen en los puntos geográficos cercanos a la frontera, generó recelos de otros sectores, entre ellos, de la industria. Y ese sector no se guarda la forma cuando tiene que hacer las críticas sobre la cuestión.
Las provincias beneficiarias son: Montecristi, Dajabón, la propia Santiago Rodríguez, Barahona, Bahoruco, Independencia, Pedernales y Elías Piña.
En Santiago Rodríguez, el pedido para que las facilidades de la ley se extiendan viene de diversos lados. La diputada Nancy Santos (Partido de la Liberación Dominicana -PLD-) se ha identificado con la posición de que continúe. “Ese instrumento ha dado vida a la frontera, pero está trunco”, aseguró recientemente, entrevistada en un programa radial, a propósito de la celebración de la Feria Multisectorial Santiago Rodríguez 2019, que se realizó del 29 de agosto al primero de septiembre. Santo es la presidente de la Comisión de Fronteras. Quizás por eso defiende a capa y espada que “las cosas sigan como han ido hasta ahora”, en lo referente al tema citado.
La semana pasada, al encabezar el XX Encuentro Nacional del Sector Agropecuario en Punta Cana (al Este del país), el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) Luis Bonilla, solicitó apoyo para que sea extendida la citada ley, que crea incentivos al desarrollo de la frontera, “ya que es el motor de arranque para las regiones más críticas del territorio nacional. «con esto estaremos haciendo patria, pues sin incentivos no habrá deseos de luchar contra la falta de servicios y oportunidades» expresó
Mientras, el representante de la empresa Guaraguanó Foods asegura que para empresas como la suya la normativa ha sido positiva, porque no se tiene que pagar Impuestos Sobre la Renta, pero sí tiene que retenerle al fisco el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y servicios (ITBIS). Calcula que su empresa ha pagado RD$10 millones en lo que lleva funcionando la ley -por concepto de ITBIS-. “Y veo que Industrias San Miguel ha pagado una cantidad mucho mayor. Pero no es solo eso. Lo que pasa es que nosotros disciplinamos las demás empresas. Para comprar cualquier cosita tenemos que quedarnos con el recibido del RNC. Eso va disciplinando a las otras empresas y todo el mundo tiene que ir a la renta, quiera o no. Eso va motivando”, indica.
Desde el punto de vista de Nicolás Almonte “no nos podemos dar el lujo de quitar la 28-01 porque algunas personas pudientes de Santo Domingo quieran que se elimine”. “Son empresarios que merecen nuestro respeto, cariño y amor también. Con una empresa como la mía tú no puedes comprar dos vehículos nuevos, porque el poder adquisitivo no es tan grande. No es una cosa del otro mundo como se cree. La ley no prohíbe que gente de Santo Domingo venga a la Línea Noroeste a invertir su dinero. Si usted desea, deje la capital y ruédese para acá, para las provincias fronterizas del Noroeste. Y deje que la ley camine otra vez y la renueven”, dice Almonte, mientras sonríe.
Planteó que el tema de la Ley 28-01 debe incluirse como número uno en el debate económico, para pasar revista y analizar el impacto que ha tenido en construcción, fortalecimiento y preservación de las empresas en los pueblos noroestanos que colindan con puntos fronterizos. “Debe incluirse no solo por la ley, sino también por la Constitución de la República… que se establezca que las provincias que están en la zona fronteriza debe tener algún privilegio. Aquí hay que trabajar por el bienestar de los que se están quedando aquí en la frontera, en estos pueblos y de los que están viniendo para acá”, apuntó.
Sostuvo que en un país donde hace falta la inversión, eso es un punto bueno. “Eso no puede estar parado porque hay un Consejo de Fronteras integrado por más de 30 personas que no se reúne”, advirtió. ¿Qué no se reúne? le pregunta el periodista Alex Jiménez, director del periódico Primicias. “No, ese consejo no se reúne”, responde.
Aseguró que hay 33 empresas interesadas en invertir y no han conseguido aprobación para entrar bajo Ley 28-01 en la zona fronteriza. “Por eso no han podido. Ese consejo lo hicieron tan ampliado y para colmo no se reúne. Ellos saben cómo lo hacen”, reiteró.
Desde su punto de vista, es importante reunir a los grandes actores que tienen que ver con el tema, porque de ahí pueden surgir grandes ideas para hacer lo que se requiere.
“Santiago Rodríguez ha crecido, pero siempre hace falta algo. Hay que mejorar puntitos y cuando nos juntamos grupos, mejoramos y hacemos cosas”, dice Almonte.
Advirtió que si de Santiago Rodríguez se marcharan las empresas que se instalaron bajo el amparo de la Ley 28-01, eso tendría un fuerte impacto en la zona. “Tú sabes que cuando se produce más, las agencias de viajes venden más vuelos y lo propio ocurre con el que vende aretes u otras mercancías”, le dijo a los periodistas el diálogo se da a media mañana frente al establecimiento de Almonte, donde la actividad es intensa. La empresa genera empleos directos e indirectos.
“Si esa ley se quita, Santiago Rodríguez pasaría de ser una provincia donde la delincuencia está en cero, a posiblemente igualarse a otras regiones del país”, advirtió.
Rememoró que empresas pequeñas quebraban dos y tres veces en el pasado, cuando las políticas económicas no les favorecían mucho, hasta que eso cambió. “El riesgo es que volvamos atrás”, se lamenta.
Datos ofrecidos por diversas instituciones en la Expo Santiago Rodríguez 2019 indican que en esa provincia de la Línea Noroeste de República Dominicana hay 51 queserías y dulcerías e industria de yogurt y una planta de procesamiento lácteo que pertenece a la Federación de Ganaderos del Noroeste. A Santiago Rodríguez se le considera la capital de la leche en el país. A través de ese producto la provincia recibe anualmente unos RD$2,000 millones, que dinamizan el entorno, de acuerdo con datos del empresario Carlos Marino Almonte, propietario de la Industria de Lácteos Almonte.
Se producen alrededor de 225 mil litros diarios y el 60% lo maneja la industria láctea local. Una parte de esa leche se extrae del ganado de Carlos Marino, que es de raza europea. Las reses se mantienen o alimentan con el sistema silvopastoril implementado por el ganadero. Concretamente, ese modelo (el silvopastoril) consiste en conservar todas plantas de un determinado tipo en una propiedad para que bajo la sobrilla de éstas se desarrolle pasto para ganado.
