El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró este jueves que el Ministerio Público debe enviar un mensaje contundente a la sociedad con el caso de la suspendida fiscal Margarita Hernández, acusada de llegar a acuerdos con imputados de violencia de género para dejarlos en libertad.
Calificó como grave, pues esos presuntos acuerdos, en menos de cuatro meses dejaron dos casos de feminicidios en circunstancias parecidas.
“La mayoría de los acuerdos en los casos de violencia contra la mujer como salida del sistema de justicia penal deberían ser inaplicable en el marco de nuestra realidad concreta social, es decir, es un tema que debe ser analizado”, planteó Servio Tulio.
A juicio del vicepresidente de Finjus esos criterios de oportunidad son otorgados pese a que no se cumplen los requisitos que establece la ley en la mayoría de los casos, es decir, que “ahí hay una irregularidad”.
Apeló porque el Ministerio Público vele para que esos acuerdos no continúen materializándose como una política de Estado.
