Una vez superada la crisis sanitaria causada por la COVID-19, los países de la región deben implementar un plan de actualización de los sistemas de justicia, debido al nuevo escenario que se va a presentar en este ámbito.
El planteamiento es del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), que, además, indica que este es el momento de emplear la tecnología para transformar los sistemas de justicia, ahora desde la perspectiva de las necesidades a resolver, como el mayor acceso a la justicia.
En su informe “Estado de la Justicia en América Latina bajo COVID-19. Medidas generales adoptadas y uso de TIC en procesos judiciales”, donde se analizó la situación del estado de la justicia en la región Latinoamericana a propósito de la COVID-19, el CEJA sostiene que se puede enfrentar la crisis, salir de ella; y, al mismo tiempo, aprovechar esta oportunidad para materializar la instalación de sistemas de justicia verdaderamente integrales y complejos, que den cuenta de necesidades, garantías, eficacia y eficiencia en la prevención y solución de los conflictos en las comunidades.
“La crisis actual es también una oportunidad para solucionar de forma definitiva los desarreglos que aún conservamos y que nos imposibilitan articular cambios más profundos de cara al futuro”, reitera en el documento.
El organismo internacional puso como ejemplo, que dentro de los cambios que se pueden realizar fruto de la crisis, están mejorar las estructuras judiciales para tener organizaciones más previsibles, racionales, modernas y profesionales. Además, pensar seria y comprometidamente en las audiencias como espacios republicanos y democráticos, donde se juega el respeto de los derechos y garantías y la rendición de cuentas, “especialmente, para analizar cómo avanzar con la virtualidad en esta situación excepcional y, también, con horizonte de futuro”
Medidas oficiales no se implementan adecuadamente
En otro orden, el CEJA plantea que es indispensable el diseño e implementación de un verdadero “Plan de Contingencia para el Sistema de Justicia en contexto de Covid-19,” en cada uno de los países de la región.
El informe preparado tuvo por objeto indagar las medidas generales o particulares que los distintos poderes judiciales de los estados de la región dispusieron para garantizar su funcionamiento a propósito de la COVID 19; y efectuar un primer relevamiento exploratorio acerca de cómo esas medidas estaban funcionando en la realidad.
La conclusión principal a la que llegaron es que existe un marcado contraste entre la dimensión declarativa (¿qué se hizo formalmente?) y la real (¿qué está pasando?). Es decir, que muchas de las medidas que dicen haberse adoptado oficialmente, no se estarían implementando adecuadamente o del modo debido.
El CEJA dijo que existen allí distintos tipos de interferencias, algunas de las cuales tienen que ver con los problemas estructurales de los Poderes Judiciales (v.gr., estructuras organizacionales y modelos de gestión burocráticos, formales y/o permeados por matrices escriturarias; o, falta de implementación de TICs o ausencia de capacitación); y otras con las dificultades que la introducción de ciertas tecnologías genera, sea en términos de derechos y garantías (v.gr., cómo celebrar una audiencia virtual respetando las garantías propias del debido proceso individual o colectivo) u operativos (v.gr., cómo gestionar telemáticamente un servicio pensado para prestarse de manera presencial, con realidades heterogéneas o intereses de múltiples actores).
Algunas de las principales consideraciones generales que destacaron es que, en la progresiva habilitación de actividades, la justicia no apareció como un elemento de relevancia, ni por sí, ni por la ciudadanía, ni por los otros departamentos de Estado.
También, dijo que casi la totalidad de los países suspendieron las audiencias presenciales, sin embargo, no todos ordenaron expresamente su reprogramación y menos, previeron la exigencia de que las mismas tengan prioridad en el futuro agendamiento. El CEJA indica que esto es relevante, dado que la mora judicial es importante en los países de la región.
Todos los poderes judiciales apelaron al uso de TICs para la prestación del servicio urgente y, eventualmente, la gestión de lo existente, pero el CEJA advierte que, la mayoría de ellos utilizó plataformas comerciales, lo que genera interrogantes en torno al almacenamiento y seguridad de la información.
Asimismo, casi la totalidad de países habilitaron la realización de audiencias virtuales, circunstancia que puede aparecer como una decisión trascendental pero problemática dado que la mayoría de los Poderes Judiciales no contaban con plataformas propias, entre otras cosas.
¿Qué es el CEJA?
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) es un organismo internacional del Sistema Interamericano, con autonomía técnica y operativa, que tiene como misión apoyar los procesos de reforma y modernización de los sistemas de justicia en las Américas.
Fue creado el 15 de noviembre de 1999 por resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Su sede está en Santiago de Chile y sus miembros son todos los países integrantes activos de la OEA.
