PRM solicita a JCE sancionar a 97 funcionarios inscritos como candidatos  

Entre ellos Margarita Cedeño, del Gabinete Social, y a un Sub-Contralor 

El Partido Revolucionario Moderno (PRM), solicitó hoy a la Junta Central Electoral aplicar las sanciones que establece la Ley Orgánica 15-19 del Régimen Electoral a funcionarios gubernamentales que al mismo tiempo han sido inscritos como candidatos en diferentes demarcaciones.

El grupo lo integran 97 funcionarios, entre ellos Margarita Cedeño Lizardo, de quien se establece incurre en la violación no por su condición de vicepresidenta de la República sino como coordinadora del Gabinete Social de la Presidencial, y Francisco Javier Clark Vásquez, candidato a senador de Puerto Plata, quien es Sub-Contralor General de la República.

La instancia fue elevada a la JCE por Orlando Jorge Mera, delegado político, y Julio Peña Guzmán, suplente de delegado.

Luego de establecer diferentes motivaciones de orden constitucional y de otras disposiciones legales que prohíben  la doble condición de funcionario y candidato, el PRM solicita a la JCE comprobar y declarar que los señores, y aporta la los nombres de los 97 funcionarios (la lista completa está disponible en el portal prm.org.do) admitidos como candidatos en las resoluciones de admisiones de candidaturas y a la vez son funcionarios públicos, y aplicar las sanciones correspondientes establecidas en la ley 15-19, contra los señores antes mencionados.

Las leyes, 41-08 de Función Pública, 33-18, de Partidos Políticos, y el artículo 196 de la 15-19 establece que los funcionarios públicos que administren recursos del estado no podrán prevalerse de sus cargos, para desde él realizar campañas ni proselitismo a favor de un partido o candidatos.

El hecho es tipificado como delito electoral, castigado con prisión correccional de tres meses a un año y multa de hasta cinco salarios mínimos del sector público.

El PRM establece entre sus motivaciones para hacer la solicitud que se ha mantenido dando seguimiento y cuestionando el uso de recursos estatales en las campaña electorales y otras violaciones al ordenamiento jurídico, que  traen como consecuencias lesiones graves al sistema político nacional, así como debilitar la democracia, la competencia en buena lid y resultados que sean fruto de la decisión libérrima de la mayoría del electorado.

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