Sin lugar a dudas, la COVID-19 ha generado crisis en diversas áreas, y una de ellas es la económica, donde el riesgo para las mujeres pobres aumenta.
Esta crítica situación que se produce por la pandemia no puede derivar en un retroceso en la participación laboral de las mujeres, y por ello se debe garantizar su acceso a los derechos económicos, plantea la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM).
Para Alejandra Mora, secretaria ejecutiva de la CIM, la emergencia derivada de la COVID-19 está provocando impactos específicos sobre las mujeres y profundizando las desigualdades de género existentes, tanto al interior de los hogares como fuera de ellos, en los hospitales y centros sanitarios, en el trabajo y también en la política.
En el informe, “COVID-19 en la vida de las mujeres. Razones para reconocer los impactos diferenciados”, el CIM, indica, además, que la participación de las mujeres en el mercado laboral es relevante para el crecimiento económico de los países.
Explica que las féminas parten en peores condiciones para enfrentar esta crisis, presentan una menor participación laboral, afecta más el desempleo y se concentran más en sectores vulnerables y de baja productividad.
Indicó que los sectores más afectados por el paro económico presentan una alta concentración de mujeres. Es decir, en el comercio al por menor, los servicios de alojamiento y de servicios de comidas, donde las mujeres son mayoría; y en el sector turístico, donde representan el 54% de la fuerza laboral y enfrentan la desaparición casi total de sus medios de vida, ya que la COVID-19 ha paralizado el turismo en todo el mundo.
En detalle, la CIM sostuvo que, en la región, la participación laboral de las mujeres es de 50,3%, 25 puntos porcentuales por debajo de los hombres, la tasa de desempleo en 2017 fue de 10,4% para las mujeres frente al 7,6% para los hombres y que el 51.84% de las mujeres en la región están ocupadas en sectores de baja productividad, y de estas 82,2% no están afiliadas o cotizando en un sistema de pensiones.
Para el 2017, por cada 100 hombres viviendo en hogares pobres en la región, había 113 mujeres en similar situación. Por otra parte, en ese mismo año, el porcentaje de mujeres sin ingresos propios alcanzó en promedio regional un 29,4% mientras que para los hombres la cifra era de 10,7%31.
“En otras palabras, casi un tercio de las mujeres de la región es económicamente dependiente, condición que puede exponerlas a una mayor vulnerabilidad y se debe tomar en cuenta en el marco de la emergencia actual”, sostiene el órgano intergubernamental de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
De acuerdo a su explicación, existe un vínculo fuerte entre la informalidad y la pobreza, por lo que el alto porcentaje de mujeres en el sector informal contribuye a su situación de pobreza a pesar de la relevancia de la participación laboral de las mujeres para el Producto Interno Bruto (PIB).
Período de recuperación
La CIM sostiene que la precariedad laboral de muchas mujeres las pone en mayor riesgo de que en el período de recuperación puedan quedarse sin ingresos, para su bienestar y el de su familia; lo cual se agrava para las familias monoparentales, la mayoría de ellas encabezadas por mujeres.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a raíz de la crisis económica global de 2008, la tasa de desempleo se incrementó en mayor medida para las mujeres que para los hombres entre 2008 y 2009.
Políticas fiscales y económicas
“Ante la inevitable crisis económica, la única forma de que no se segmente sexualmente la reinserción laboral, es decir, que las mujeres sean asignadas al trabajo no remunerado de la casa y los hombres al trabajo remunerado público, reforzando las desigualdades de género en los hogares y en el mundo laboral, será con medidas afirmativas por sectores productivos y campañas públicas de información de la importancia individual y colectiva de la reinserción laboral de las mujeres”, expresó el organismo en el documento. Lo que se necesita, añade la CIM, es que la situación de precariedad económica de las mujeres se centre en las políticas fiscales y económicas, ya que política fiscal tiene un enorme poder redistributivo Sugiere que, como lineamiento general, los grupos más afectados por la crisis económica -los hogares, los/las trabajadores/as y las empresas-, deben ser atendidos prioritariamente y dentro de todos los grupos deben incorporarse mecanismos para no discriminar a las mujeres y acciones afirmativas cuando sea necesario. Estas deben aplicar en las medidas más inmediatas dirigidas a mitigar la pobreza, apoyar al sector informal, en el marco de las políticas crediticias, así como en el diseño de otros alivios fiscales. También en aquellas medidas dirigidas a quienes emplean a mujeres, a las mujeres empleadoras, y a quienes generen encadenamientos con empresas de mujeres..
