Los mecanismos y tecnologías que se han implementado en medio de la pandemia en el sistema judicial para el trabajo interno de los tribunales y la tramitación electrónica en Latinoamérica no han sido suficientes para dar una respuesta satisfactoria a la demanda de justicia penal.
Así lo considera el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), que explica que los niveles de restricción al movimiento y la limitada interacción de las personas planteada para contener la COVID-19 han generado dificultades sin precedentes, y que son aún más graves en el ámbito del sistema de justicia penal, pues se enfrenta con casos donde existen personas privadas de libertad a la espera de decisiones sobre sus causas; imputados en libertad que esperan una decisión definitiva sobre sus situaciones particulares y víctimas que poseen legítimas demandas de resolución y justicia en sus casos.
En el documento, “Tecnología, Proceso Penal, Audiencias y Juicio Oral”, el CEJA indica que se hace indispensable un debate informado en el que se aborde la dinámica de realización de audiencias orales en el sistema de enjuiciamiento penal, que permitan por un lado proporcionar los debidos resguardos para la salud de todos quienes deben participar en ellas y el respeto irrestricto de las garantías procesales integrantes del debido proceso que deben estar presentes en un proceso penal propio de un estado de derecho.
Serias complicaciones
“La impartición de justicia en materia penal a través de sistemas acusatorios adversariales conforme a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad se ha visto seriamente afectado en el contexto de la pandemia que afecta a nuestra sociedad. Particularmente complejo ha sido el repensar de qué manera deben desarrollarse las distintas audiencias del proceso penal, sean estas preliminares, de juicio oral o las denominadas audiencias de ejecución penal”, plantea el organismo, que tiene como misión apoyar los procesos de reforma y modernización de los sistemas de justicia en las Américas”, indica.
El CEJA establece también en el documento, elaborado por jueces, académicos, y expertos tecnológicos, que hay que tener especial cuidado al abordar una situación de excepción como la que aqueja en estos tiempos, en no caer en la tentación de revivir prácticas propias de los sistemas inquisitivos, que signifiquen un retroceso en los procesos de reforma a los sistemas de justicia penal que se iniciaron hace unas décadas.
