En medio de una creciente ola de críticas y supuestas campañas de desprestigio dirigidas contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, la primera dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje, salió públicamente en su defensa. Durante declaraciones ofrecidas este jueves, Arbaje destacó la importancia de proteger la hoja de vida de las personas frente a acusaciones infundadas que pueden afectar no solo a quien las recibe, sino también al tejido social del país.
“Estamos en un país democrático y respetamos la libertad de expresión, pero cuando se lacera la hoja de vida de una persona, eso nos puede afectar a todos”, fueron las palabras exactas de Arbaje al ser consultada por miembros de la prensa. Su intervención refuerza el compromiso del Gobierno con la defensa de la dignidad personal y el respeto a los derechos fundamentales.
Este pronunciamiento llega después de que Raful anunciara su decisión de emprender acciones legales contra quienes han difundido información calumniosa en su contra, especialmente en medios digitales y redes sociales.
¿Qué hay detrás de esta campaña?
Según fuentes cercanas al Ministerio del Interior, Raful se ve como un blanbco de una serie de publicaciones sin fundamento que buscan minar su imagen pública y labor institucional. Estas acciones, según explican, tienen lugar en un contexto de mayor visibilidad política y de gestión transparente dentro de su cartera ministerial.
El apoyo explícito de la primera dama envía un mensaje importante: el Estado está dispuesto a defender a sus funcionarios cuando son atacados injustamente, sin menoscabo de los espacios legítimos de crítica constructiva.
Raquel Arbaje aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la reflexión colectiva: “No se trata solo de proteger a una persona, sino de cuidar el entorno donde vivimos y convivimos”. Su tono conciliador, aunque firme, busca balancear el derecho a la libre expresión con la necesidad de evitar la desinformación y el daño reputacional injustificado.
El impacto político y social del caso
Este caso podría marcar un antes y un después en cómo se manejan las campañas de desprestigio contra figuras públicas en República Dominicana. Mientras algunos aplauden la acción legal como forma de justicia, otros alertan sobre posibles abusos del poder estatal. En ese sentido, el gobierno ha insistido en que cualquier medida tomada será bajo marco constitucional y con total transparencia.
Con este respaldo, el Ejecutivo envía una señal clara: no tolerará campañas que atenten contra la honra de sus funcionarios sin pruebas ni fundamento. Además, reafirma el compromiso con una comunicación responsable y ética en tiempos de alta polarización política.
