La dirigente política Claudia Rita Abreu expresó su profunda preocupación por el reciente proyecto de reforma al artículo 56 de la Ley 11-92 del Código Tributario, que permitiría a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) almacenar datos de los contribuyentes en servidores externos.
Abreu sostiene que dicha modificación allana el camino para que el Estado ceda el control de la información ciudadana a empresas privadas—muchas de ellas con sede en el extranjero—profundizando así un modelo de “Tecno-Feudalismo” en el cual quienes manejan los algoritmos terminan detentando el verdadero poder.
En un artículo publicado en un medio nacional, Abreu recuerda la definición del economista Yanis Varoufakis: el Tecno-Feudalismo surge cuando el capital ya no está en manos de quienes producen bienes tangibles, sino de quienes gestionan y monetizan los datos personales de los usuarios. Empresas como Amazon o Temu, explica, “no fabrican lo que venden, sino que, a través de algoritmos, inducen un consumismo constante”, mientras gigantes como AWS, Google Cloud o Microsoft Azure se erigen en dueños virtuales de los “apartamentos” donde se guarda la información de todos nosotros.
La dirigente advierte que la simple posibilidad de que la DGII subcontrate espacio en la nube a proveedores foráneos es un riesgo para la soberanía nacional y la protección de datos sensibles. Aun si esas plataformas cumplen con los más estrictos estándares de seguridad, “ceder la custodia de la información a una potencia extranjera equivale a otorgarle el control de nuestra realidad”, enfatiza.
Abreu afirma que la República Dominicana ya dispone de un Data Center estatal, inaugurado en la pasada gestión de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) en el Parque Cibernético de Las Américas, el cual cumple con estándares internacionales y está operativo para albergar la data gubernamental y ciudadana.
La propuesta gubernamental busca que la DGII pueda “recibir, procesar y almacenar” datos en “centros de datos propios, de terceros o en servicios en la nube”. Para Abreu, esta redacción abierta “no otorga ninguna garantía real de independencia tecnológica” y contiene implícitos “vacíos legales” que podrían beneficiar a intereses empresariales extranjeros. Además, alerta sobre la necesidad de revisar la ubicación real de los datos sensibles de instituciones como Educación, Salud, Migración, Registro Civil y Defensa, que podrían quedar dispersos en servidores privados ajenos a la jurisdicción dominicana.
Asimismo, citó casos de países soberanos—China, Alemania, Francia, India o Brasil—que han legislado para mantener sus datos gubernamentales en territorio nacional o bajo estricta regulación local. Por ello, demandó que en lugar de autorizar el uso de “nubes extranjeras”, se aproveche plenamente el Data Center estatal y se establezcan cláusulas que garanticen la integridad, propiedad y jurisdicción de la información dominicana.
Claudia Rita realizó un llamado urgente a los diputados y senadores para votar en contra de cualquier reforma que desplace la custodia de los datos fuera del control soberano. “Quien se adueña de la información, se adueña del mundo. No podemos permitir que el Estado ceda esta palanca a los señores tecno-feudalistas de la actualidad.”
