Santo Domingo.-La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) TC/225/25 que prohíbe al Ministerio Público usar motes o sobrenombres en los expedientes que depositan en los tribunales, comunicados en medios de comunicación y canales oficiales recibe un gran respaldo en el Congreso Nacional.
El órgano extrapoder entiende que cuando se utiliza el apodo se vulnera la dignidad humana, derecho al honor, buen nombre, propia imagen, integridad y presunción de inocencia.
Casi todos los diputados de los distintos partidos políticos consultados sobre el tema aplauden la medida de la alta corte, tras considerar que el emplear apodos en fase previa de un caso es “peyorativo” y estigmatiza a los acusados.
Coinciden, además, en que se debe respetar el principio de que un imputado es inocente hasta que se le demuestra lo contrario.
El único congresista en desacuerdo con la sentencia, es Wandy Batista, presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara Baja.
El vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, rechaza que en primera fase estigmaticen a las personas envueltas en procesos judiciales y les pongan nombres despectivos, pues eso genera “algún nivel de situaciones”.
“Estar estigmatizando y nombrando procesos, nunca lo vi con buenos ojos. Por suerte, el TC ha fallado y sus decisiones vinculantes obligan (al Ministerio Público) a dejar de una vez por todas esos calificativos”, sostuvo.
“Ministerio Público no tiene una patenta de corso”
Gustavo Sánchez, portavoz de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entiende que la sentencia es un ejemplo de que el Ministerio Público no puede estar incriminando a personas sin la intermediación de un juez, como un método para denostar a los señalados al bautizar las acusaciones.
Considera que el órgano acusador nombra los expedientes con nombres “creativos” para responsabilizar de manera marcada y despectiva a personas que no habían sido sentenciadas.
“Siento que vale la pena la sentencia. La medida es que el Ministerio Público sepa que no tiene una patente de corso para hacer lo que le dé la gana. Siento que esta es una sentencia que va a marcar el hecho de que el Ministerio Público no esté haciendo lo que le dé la gana”, enfatizó.
Los motes marcan aún a los ilesos
Eugenio Cedeño, diputado del PRM, ponderó que se convierte prácticamente en una condena previa cuando a una persona la bautizan “como un pulpo” al aparecer en un expediente que lleve ese nombre.
“Por ejemplo, la Operación Antipulpo, ¡ahí vienen los pulpos! Ya las personas comienzan a ser estigmatizadas”, subrayó, por lo que recomienda a la Procuraduría buscar otra manera de codificar e identificar los casos que tengan.
El vocero de la Fuerza del Pueblo (FP) en la Cámara Baja, Rafael Castillo, dijo que cada uno de esos nombres usados por el Ministerio Público, se le quedan como mote a los involucrados en el caso, cuando en el futuro pudieran salir ilesos de la acusación.
Para Aníbal Díaz, diputado del PRM, la sentencia del TC recoge un espíritu de salvaguarda de los intereses de la persona, descansa en derecho, es de carácter objetiva y busca preservar la dignidad de los procesados.
“Todo instrumento legal que venga en la dinámica de reforzar un fundamento tan natural y fuerte, como es la dignidad de la persona, yo estoy de acuerdo. Creo que además es una práctica peyorativa, la de denominar los expedientes con calificativos peyorativos que además prejuician al justiciado. Es decir, cuando usted tiene un procesado y de antemano, cada vez que hay una audiencia, se llama el caso Tigre, ya usted está diciendo que los procesados son unos tigres”, indicó.
Carlos de Pérez, congresista de la FP, aseguró que el Ministerio Público usa los motes como una forma de asociación “para que la persona sea perseguida eternamente”.
El término “firulais”
Tobías Crespo, legislador de la FP, que el Tribunal Constitucional cumplió con su deber, porque en los sometimientos llevado a cabo por el órgano acusador ha primado mucho “la sanción mediática”, de violar el debido proceso y la presunción de inocencia, “y con estos términos descalificativos, incluso hasta el mismo Ministerio Público se descalifica”. “Ojalá no hubiesen puesto el término firulais para una de sus operaciones”, criticó.
Opinión distinta
Wandy Batista difiere de sus colegas. No cree que los mutes constituyan una estigmatización al imputado, pues se trata de “un simple elemento” para identificar los casos.
Está convencido de que estos seudónimos no inciden en el debido proceso ni en la culpabilidad de los acusados, pues es una práctica que se usa “en el mundo entero”, como en Estados Unidos, por ejemplo.
“Toda persona sometida a la justicia puede quedar con un estigma, pero no creo que sea por el nombre que se le ponga al caso, sino por el simple hecho de haber sido sometido a la justicia”, justificó.
