Perú. República Dominicana ha dado avances considerables en materia de promoción y abogacía de la competencia a través de la academia, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) y la administración pública.
Así lo destacó la presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, al participar como expositora en el “Taller sobre promoción de la competencia: herramientas y consejos prácticos”, organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en Perú.
Vásquez Taveras señaló que, a lo largo del tiempo, ProCompetencia ha llevado a cabo una ardua y constante labor de promoción y abogacía entre grupos fundamentales que juegan un rol estratégico en el fomento de la cultura de competencia. Explicó que, en el ámbito de la academia, donde no existía formación sistemática en temas de competencia a nivel universitario, la institución ha formalizado más de 10 acuerdos de cooperación interinstitucional con distintas universidades a través de los cuales se ha desarrollado un programa intensivo de actividades formativas que ha permitido capacitar a cientos de estudiantes.
“Estos esfuerzos están produciendo cambios estructurales tangibles en el sistema educativo. Dos universidades han iniciado ya sus procesos para incluir el Derecho de la competencia como materia obligatoria en sus programas académicos, lo que representa un avance significativo hacia la institucionalización de esta disciplina en la formación superior”, subrayó. En el ámbito de la administración pública se ha implementado un programa sistemático de formación para funcionarios públicos que inciden directamente en las decisiones de contratación y regulación. El proyecto más ambicioso es el Plan de Capacitación sobre Detección de Colusión en los Procesos de Compras para la Administración Pública, un programa que se desarrolla en conjunto con la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, a través del cual se han formado cerca de 300 oficiales de integridad y la meta para noviembre de este año es lograr capacitar alrededor de mil funcionarios de esta área.
“Los efectos de estas jornadas ya se han puesto de manifiesto, pues en los casos más recientes de colusión en procesos de compras públicas ha sido posible contar con información clave suministrada directamente por entidades gubernamentales”, destacó.
Hay un fortalecimiento de la parte institucional
Vásquez Taveras dijo que la autoridad de competencia ha desarrollado una estrategia para fortalecer su posicionamiento institucional y difundir el conocimiento sobre la libre competencia. Esta estrategia combina eventos de alto impacto, publicaciones especializadas y un programa de capacitaciones. Indicó que la Política de Competencia representa el marco conceptual que sustenta y potencia las acciones de la institución en abogacía.
