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SANTO DOMINGO. – La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) propuso emitir un reglamento nacional sobre videovigilancia escolar, con la participación del Ministerio de Educación, padres y amigos de la escuela y la sociedad civil.
El sindicato de los maestros también planteó constituir una mesa de diálogo con la participación del Defensor del Pueblo, la UNICEF y otros sectores sociales y, al mismo tiempo, sugirió establecer sanciones claras por el uso indebido de grabaciones o instalación irregular de sistemas de videovigilancia.
La ADP dijo que no se opone a la instalación de cámaras de videovigilancia en planteles escolares, siempre que estas no vulneren el derecho a la intimidad ni criminalicen al magisterio o al estudiantado.
Asimismo, la entidad magisterial sugiere establecer sanciones claras por el uso indebido de grabaciones o instalación irregular de sistemas de videovigilancia. Y propone que su utilización sea un sistema de herramienta y no una herramienta de control laboral, disciplinario o punitivo contra el profesorado.
“La seguridad en los centros educativos es una responsabilidad compartida. Sin embargo, la implementación de cámaras de vigilancia no puede ser impuesta de manera unilateral, sin regulación legal ni respeto a los derechos fundamentales de la comunidad educativa”, agreg{o la ADP.
Además, indicó que se mantiene firme en su compromiso de defender un ambiente escolar seguro, pero también libre, respetuoso de la dignidad humana y de la intimidad de cada miembro de la escuela.
Cualquier instalación de cámaras debe guardar equilibrio entre la necesidad de seguridad y el respeto al derecho a la intimidad de los estudiantes, docentes y personal”.
La ADP consideró oportuno también tomar en cuenta la jurisprudencia y las opiniones institucionales, como por ejemplo la sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano (TC/0096/19), que reconoció la necesidad de adoptar medidas tecnológicas para prevenir la inseguridad, pero con límites razonables que no vulneren el derecho a la intimidad. Además, la
ADP citó las posiciones externadas por el Defensor del Pueblo y la Procuraduría de Protección de la Niñez, quienes han manifestado que cualquier política de videovigilancia en escuelas debe centrarse en la protección del menor, y no en el control disciplinario o punitivo encubierto.
Además, refirió que existen una serie de instrumentos internacionales vinculantes al marco jurídico dominicano, como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el convenio 108 del Consejo de Europa sobre protección de datos personales y las observaciones de la UNESCO y UNICEF sobre vigilancia escolar y protección de la niñez.
La ADP también analizó el tema del consentimiento y la transparencia que se requieren sobre este tema y opinó lo siguiente: “Toda instalación de cámaras debe ser informada y consentida por las familias, docentes y personal administrativo. El consentimiento debe ser libre, informado y específico, en conformidad con la Ley 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal”.
Asimismo, consideró que sobre la proporcionalidad y necesidad: “La medida debe estar justificada por un diagnóstico de riesgos objetivos. No puede instalarse de forma generalizada o indiscriminada. Debe existir un estudio de impacto legal y social previo, incluyendo análisis sobre los efectos psicológicos en estudiantes y docentes”.
