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El reciente atentado contra el senador colombiano Miguel Uribe Turbay ha sacudido el panorama político de Colombia. El joven dirigente del partido Centro Democrático sigue con vida, aunque en estado muy grave y con pronóstico reservado, pero este hecho se suma a la crónica historia de violencia política que, pese al poco ruido mediático de las últimas décadas, nunca ha abandonado el país.
De hecho, desde los asesinatos de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal (1987) Luis Carlos Galán (1989), Bernardo Jaramillo Ossa (1990) y Carlos Pizarro Leongómez (1990), ocurridos en los tiempos del infame Pablo Escobar, se habían producido pocos ataques contra la élite política, especialmente en el siglo XXI.
En cambio, son muchos los activistas sociales, líderes comunitarios, ambientalistas, líderes indígenas, defensores de los Derechos Humanos y dirigentes políticos de base los que han sido asesinados en el país cafetalero. En cifras crudas, Indepaz y la Defensoría del Pueblo registran que desde 2016 hasta abril de 2024 fueron asesinados 1,611 líderes sociales y defensores de derechos humanos, y en lo que va de 2025, se han registrado 65 asesinatos.
Lo que cambia ahora es que Miguel Uribe Turbay es miembro de la elite política tradicional, nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala y aspirante a heredar el legado político de Álvaro Uribe Vélez, un líder cuyo papel no se necesita explicar demasiado.
Uribe Turbay, de 39 años de edad, es una figura en ascenso con potencial presidencial; fue atacado por un menor de edad (15 años) en el barrio Modelia de Bogotá. Las circunstancias del hecho, ocurrido en una zona urbana relativamente estable, abren una caja de preguntas:
¿Qué grupos podrían tener interés en eliminarlo? ¿Qué representa Uribe Turbay en el ajedrez político colombiano? ¿Y qué revela este atentado sobre el presente y futuro de la violencia en Colombia?
Alto simbolismo político
Lo novedoso en el caso de Uribe Turbay es que apunta a una figura del centro político tradicional, con conexiones institucionales y visibilidad mediática. Su eliminación tendría consecuencias nacionales, y podría alterar el balance de poder en futuras elecciones. Su discurso reformista pero moderado amenazaba tanto a sectores de izquierda radical como a sectores duros del uribismo.
Ha sido uno de los más fieros opositores al gobierno de Gustavo Petro, pero su ascenso político ha sido visto con recelo por figuras tradicionales de la extrema derecha colombiana con un discurso de renovación, defensa del Estado social y críticas al uribismo sin caer en el extremismo. Ha ganado respaldo en sectores empresariales moderados, jóvenes y parte de las clases medias urbanas, su ascenso dentro del Congreso lo convertían en una figura emergente, posiblemente presidenciable.
Esto podría haber generado tensiones con sectores tradicionales tanto de derecha como de izquierda, pues amenazaba la hegemonía de candidatos polarizantes y podía capturar un electorado que busca estabilidad y reformas graduales.
El misterio
El autor material del ataque (que dicen fue un menor de edad) capturado con un arma semiautomática Glock 9mm en la escena del crimen. Aunque fue detenido por el equipo de seguridad del senador, las autoridades aún no han identificado motivaciones claras, ni conexión con algún grupo armado o red criminal.
Fuentes de la Policía Nacional y la Fiscalía han confirmado que se investiga la posibilidad de un “encargo” a través de redes urbanas de sicariato. Esta práctica, usada frecuentemente por el crimen organizado, reduce el riesgo de trazabilidad para los autores intelectuales y permite camuflar motivaciones políticas bajo una apariencia de crimen común.
Pero es evidente que ningún menor de 15 años cometería un crimen de esa magnitud sin una motivación clara, lo que hace evidente aunque sin confirmar, la hipótesis del sicariato.
Violencia urbana invisible
El lugar del atentado, Modelia, en el occidente de Bogotá, no está bajo control de ningún grupo armado. Sin embargo, organizaciones como el ELN mantienen estructuras urbanas en Bogotá dedicadas a inteligencia, propaganda y logística.
Por otro lado, bandas criminales como Los Rastrojos, La Oficina o estructuras más locales tienen redes en la ciudad que podrían operar por encargo. Además, la infiltración del narcotráfico en las ciudades ha aumentado en los últimos cinco años.
De hecho, el informe “Violencia y Seguridad en Tiempos de Duque” de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) de abril 2023, identificó 32 grupos armados con presencia en 300 municipios, y aunque Bogotá no es uno de sus enclaves, funciona como centro logístico, financiero y político.
Otro informe complementario de la Defensoría del Pueblo (SIPODE) de enero de 2024 señala que entre 2022 y 2023, la presencia de grupos armados ilegales aumentó un 36 %, llegando a operar en aproximadamente 253 municipios, con el Clan del Golfo expandiéndose de 253 a 392 municipios en 24 departamentos, y con las disidencias de las FARC cubriendo hasta 299 municipios
El narco
Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo. El Informe Mundial sobre Drogas 2023 de la ONU, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), indicó que ese país produjo más de 1.400 toneladas de cocaína en 2022, con un aumento del 24% respecto al año anterior.
Grupos como el Clan del Golfo, las llamadas Bandas Criminales, (antiguos Paramilitares), disidencias de las FARC y el ELN dominan diferentes corredores. En ese contexto, la política sigue siendo un campo de disputa entre partidos cuyas finanzas nunca pueden llegar a ser 100% transparentes, ya sea por corrupción, alianzas empresariales o interferencia directa a través de violencia.
Violencia regional
El debilitamiento del Estado en zonas fronterizas entre Colombia y Ecuador ha permitido el paso de drogas, armas y prácticas criminales, como el sicariato, hacia ese país, donde la violencia se ha recrudecido con atentados, asesinatos y toma de instituciones por bandas vinculadas al narco.
El problema hace mucho tiempo que es un fenómeno regional.
La situación en Ecuador demuestra que el crimen organizado no reconoce fronteras, por contrario las aprovecha, y que la violencia política puede exportarse. El atentado contra Uribe Turbay es un nuevo ejemplo de esa internacionalización de los conflictos internos colombianos, que ya en el pasado han permeado las fronteras con Ecuador, Venezuela y Brasil.
Además, el negocio del tráfico de cocaína alimenta mafias y se entrelaza con negocios legales en Centroamérica y el Caribe, Europa, Estados Unidos y África Occidental.
Asedio a la democracia
El ataque contra el senador Miguel Uribe Turbay es un síntoma más de un país que pese a los intentos por lograr la paz no logra desmontar las redes de violencia que han operado en paralelo al Estado, y muchas veces desde el propio aparato estatal, en una espiral de violencia que ya lleva más de 65 años ininterrumpidos (1960) y casi un siglo si contamos la etapa conocida como La Violencia (1928 a 1958).
Un país que se desangra por un viejo conflicto que ha dejado más de 9 millones de víctimas, que cobró la vida de más de 177 mil civiles y más de 40 mil combatientes entre 1960 y 2013, y que ha dejado más de 25 mil personas desaparecidas.
Si bien la política de alto nivel no era blanco frecuente de ataques desde los últimos Acuerdos de Paz, la reaparición de atentados contra figuras políticas sugiere que la estabilidad institucional podría estar en riesgo.
Mientras no se esclarezca quién dio la orden ni cuál era el objetivo final, lo que queda claro es que Colombia enfrenta una nueva etapa de violencia más sofisticada, fragmentada y difícil de anticipar.
Más allá de si Uribe Turbay sobrevive, que ojalá así sea, el mensaje es claro y está dado: la política en Colombia vuelve a ser un campo minado.
