La Corte Suprema de Estados Unidos finalmente permitió que la administración del presidente Donald Trump ponga fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350.000 venezolanos. Esta decisión, oficializada el lunes, revoca una extensión de 18 meses otorgada por el expresidente Joe Biden y deja a millas de inmigrantes en riesgo de deportación.
Lo que debe saber:
- La Corte Suprema permite al gobierno de Trump terminar el TPS para 350.000 venezolanos.
- La decisión revoca una extensión otorgada por la administración Biden.
- Los afectados pueden solicitar asilo, ajustar su estatus migratorio o buscar otras protecciones legales.
- Organizaciones proinmigrantes critican la medida y ofrecen apoyo legal a los afectados.
Un juez federal en California bloqueó temporalmente la revocación del TPS. Pero la Corte Suprema levantó esta suspensión, permitiendo que la administración Trump proceda con la cancelación del programa. Aunque el caso sigue en litigio en tribunales inferiores, la decisión del Supremo permite que las deportaciones comiencen en cualquier momento.
Organizaciones de derechos humanos y defensores de inmigrantes critican la decisión, argumentando que pone en peligro a millas de personas que han construido sus vidas en EE.UU. La Alianza Nacional TPS y el American Venezuelan Caucus instan a los afectados a buscar asesoría legal y prometen continuar luchando por la restauración del TPS.
Opciones legales para los venezolanos con TPS
Los venezolanos que perderán el TPS tienen algunas opciones legales para evitar la deportación. Es fundamental que los afectados consulten con abogados de inmigración para evaluar sus opciones y evitar fraudes. Algunas de ellas son:
- Solicitar asilo: Para quienes temen persecución en Venezuela por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social o político.
- Ajuste de estatus: Si han contraído matrimonio con un ciudadano o residente legal de EE.UU., pueden solicitar la residencia permanente.
- Otras protecciones: Como la cancelación de deportación o el estatus de protección para víctimas de delitos, dependiendo de cada caso.
