Puerto Príncipe. El Gobierno de Haití declaró e el estado de emergencia en todo el territorio nacional durante tres meses, con el fin de facilitar las diversas intervenciones de las fuerzas del orden ante el deterioro de la seguridad por el avance de las sanguinarias bandas armadas.
“Dada la magnitud de la situación, es imperativo decretar una gran movilización de los recursos y medios institucionales del Estado durante un período de tres meses consecutivos”, señaló el Gobierno en un comunicado publicado en Facebook, en el que se recuerda que la situación de inseguridad tiene graves repercusiones en la vida de los ciudadanos y en los diferentes sectores de la economía nacional.
La adopción de estas medidas excepcionales “permitirá a las autoridades competentes disponer de medios adecuados y eficaces para llevar a cabo sus intervenciones y operaciones en mejores condiciones”, prosiguió el comunicado.
Esta decisión forma parte de una serie de siete medidas adoptadas en el Consejo de Ministros el pasado miércoles, durante una sesión especial encabezada por el presidente del Consejo Presidencial de Transición, Fritz Alphonse Jean, acompañado por el primer ministro, Alix Didier Fils-Aime.
Así mismo, en estas circunstancias, el Gobierno anunció la creación de la Agencia Nacional de Seguridad (ANS), cuya misión será aplicar la política del Gobierno en materia de inteligencia y contrainteligencia, así como el tratamiento, la centralización y la síntesis de la información estratégica relativa a la seguridad nacional y la protección de los intereses fundamentales de la nación.
Un informe publicado el miércoles en Puerto Príncipe por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh, en francés) reveló que un total de 1,617 personas murieron y otras 580 resultaron heridas en los primeros tres meses del año en el país, a raíz de la violencia desatada por las bandas armadas, grupos de autodefensa, miembros no organizados de la población, así como por las operaciones de las fuerzas de seguridad.
El balance da cuenta también de que 161 personas fueron secuestradas entre enero y marzo pasados y alertó sobre los abusos de poder. El organismo añadió que se produjeron 80 ejecuciones extrajudiciales entre enero-marzo, presuntamente cometidas por funcionarios de las fuerzas del orden.
Terroristas
El Departamento de Estado de Estados Unidos designó este viernes a la coalición criminal Viv Ansanm y a la pandilla Gran Grif, ambas de Haití, como organizaciones terroristas.
Estos grupos se unen a una lista creciente que incluye a ocho organizaciones latinoamericanas como el Cartel de Sinaloa, de México, el Tren de Aragua, de Venezuela, y la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha MS-13, además de al Estado Islámico y a Al-Qaeda, con los que las empresas y ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar negocios o brindar cualquier tipo de apoyo bajo amenaza de sanciones.
“Son una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos y a nuestros intereses en la región. Estas bandas han matado y continúan atacando a personas en Haití, a las fuerzas de seguridad haitianas y al personal de la misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad (MSS)”, dijo en un comunicado el secretario de Estado, Marco Rubio. Viv Ansanm surgió en 2003 mediante una alianza entre G-9 y G-Pép, las dos principales bandas criminales que operan en la capital haitiana.
El periodismo es una profesión de alto riesgo
La violencia de las bandas armadas y el colapso del Estado hacen que en Haití el periodismo sea una profesión de alto riesgo, afirma Reporteros Sin Fronteras (RSF), que sitúa a este país en el puesto 111 de 180 en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa divulgado este viernes. Haití retrocede posiciones respecto al índice de 2024, cuando ocupó el lugar 93.
En 2024 se registraron dos muertes de profesionales de medios de comunicación, mientras que desde el pasado 1 de enero no se registran asesinatos de periodistas o colaboradores y tampoco en estos momentos hay informadores detenidos.
En este país, uno de los más peligrosos de la región para los periodistas, estos son secuestrados o asesinados (en 2022 al menos seis perdieron la vida por motivos profesionales) y, “en ausencia de un Estado de derecho”, esta violencia creciente se comete con total impunidad, indica en un comunicado RSF.
