El Poder Judicial propició un encuentro informativo con representantes del cuerpo diplomático iberoamericano acreditado en el país, con el objetivo de presentar los detalles de la XXII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana que se realizará en el país del 14 al 16 de mayo próximo, de la cual República Dominicana ostenta la Secretaría Pro Tempore.


En el encuentro, que estuvo presidido por los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero Montero y Samuel Arias Arzeno, participaron miembros del cuerpo diplomático de Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Colombia, Cuba, España, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, Puerto Rico y Uruguay. Asimismo, de Reino Unido, cuyo presidente de la Suprema Corte participará en calidad de invitado especial, por ser esa nación ejemplo de justicia oportuna y 100% al día.


En ese escenario, el juez Montero, quien es miembro de la Comisión de Ética de la CJI, presentó la evolución histórica de la Cumbre Judicial, desde sus inicios en los años 90, hasta la actualidad y cómo ha impactado de manera positiva en las relaciones entre los Poderes Judiciales y en el fortalecimiento del servicio de justicia; calificó el encuentro como trascendental, al entender que permitirá entrelazar un diálogo entre países hermanos que traerá traer a la agenda los problemas comunes de Iberoamérica.


Entre ellos citó la dimensión de acceso a la justicia bajo las características de la nueva sociedad y las nuevas exigencias del futuro, a los fines de buscar soluciones colectivas; así como el tema del desafío de evaluar los efectos y la importancia de la tecnología para ofrecer al usuario un servicio más oportuno y eficiente.


De su lado, el magistrado Samuel Arias Arzeno, quien integra la Comisión de Resolución de Conflictos y Tribunales de Tratamiento de Drogas y Alcohol de la CJI, explicó que durante el desarrollo de la Cumbre se realizará un panel sobre el tratamiento que los tribunales deben dar en esos casos para que personas que cometen delitos menores puedan lograr la reinserción social.


“El evento que vamos a tener servirá también como escenario para reafirmar todo lo que se ha trabajado durante estos dos años a través de las diferentes comisiones que compone la Cumbre Judicial Iberoamérica”, explicó el juez Arias Arzeno.


El lema de la Cumbre es “Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”; y se enfoca en tres ejes estratégicos: una justicia oportuna, sin mora; una justicia inclusiva, que garantice el acceso para todas las personas; y una justicia confiable, construida sobre la base de la transparencia, así lo explicó la directora general Técnica del PJ y coordinadora de la Cumbre, doctora Gervasia Valenzuela Sosa.

Asimismo, indicó que los días de la Asamblea será un espacio dinámico, con reuniones de alto nivel, diálogos entre presidentas y presidentes de Cortes Supremas, y de Consejos de la Judicatura; una agenda de paneles temáticos en la que los integrantes de las Comisiones Permanentes de la Cumbre Judicial presentarán los resultados de los trabajos y la sesión de clausura en la que se adoptarán los productos generados.


La Cumbre, más allá de las reuniones técnicas y acuerdos, busca seguir fortaleciendo la unidad iberoamericana en torno al propósito común de mejorar los sistemas judiciales y garantizar su funcionamiento al servicio del Estado de Derecho y la sociedad.


República Dominicana ha asumido la Secretaría Pro Tempore de la Cumbre para el período 2023–2025. Desde esta posición, y como país anfitrión le corresponde la coordinación de los trabajos, seguimiento de los compromisos y la organización de esta edición XXII, la que culminará con la Asamblea Plenaria que se realizará en esta nación caribeña del 14 al 16 de mayo.


Sobre la Cumbre


La Cumbre Judicial Iberoamericana es una organización que facilita la cooperación entre los sistemas judiciales de 23 países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Reúne en un solo foro a los líderes de las Cortes Supremas de Justicia y los Consejos de la Judicatura de estas naciones.


El objetivo principal de la CJI es adoptar proyectos y acciones comunes que contribuyan al fortalecimiento de los poderes judiciales de los países miembros y por vía de consecuencia al sistema democrático.

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