Nueva York, Estados Unidos.– Durante el “Foro sobre la Prevención de Estafas Inmobiliarias”, celebrado en el auditorio de la escuela Juan Pablo Duarte, en el sector de Washington Heights, Manhattan, el doctor Robinson Cuello Shanlatte advirtió sobre la necesidad de actuar con cautela frente a propuestas inmobiliarias que ejercen presión para tomar decisiones rápidas o que se presentan como “demasiado buenas para ser ciertas”.
El doctor Cuello Shanlatte enfatizó la urgente necesidad de establecer mecanismos de garantía en los proyectos inmobiliarios en desarrollo, como la implementación de fianzas de fiel cumplimiento y el fomento del fideicomiso como modelo jurídico estructural para asegurar la transparencia y protección de las inversiones.
El evento fue organizado por el Defensor del Pueblo de la República Dominicana, en coordinación con el Consulado Dominicano en Nueva York, y contó con la participación de instituciones clave como el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) y la Procuraduría General de la República (PGR).
También estuvieron presentes entidades como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Registro Inmobiliario, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Asociación de Fiduciarias Dominicanas (ASOFIDOM), entre otras.
Durante su intervención, Cuello Shanlatte hizo un llamado a fortalecer el régimen de responsabilidad de los agentes inmobiliarios que promueven proyectos, exigiendo procesos de depuración y un mayor control institucional sobre estos intermediarios.
Según el jurista, estas medidas son esenciales para reforzar la confianza en el mercado, reducir los riesgos de fraude y proteger a los inversionistas, especialmente a los dominicanos residentes en el extranjero.
El foro concluyó con un llamado a la acción dirigido a los legisladores, al Poder Judicial y a los organismos reguladores, para que se priorice el establecimiento de políticas efectivas de prevención, fiscalización y sanción contra quienes amenacen la seguridad del sector inmobiliario. De este modo, se busca fomentar un entorno de inversión transparente, responsable y confiable para la diáspora dominicana.
