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Al ser abordado sobre el sometimiento a la justicia de los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por el desplome del techo de la discoteca Jet Set, el presidente Luis Abinader se abstuvo de emitir una opinión, reiterando su respeto por la independencia del sistema judicial.
“Ustedes saben que yo no me involucro en los temas de la justicia y no opino sobre esos temas”, respondió este lunes el mandatario durante LA Semanal con la Prensa.
Este próximo miércoles, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra los hermanos Espaillat, consistente en prisión preventiva.
Según el expediente acusatorio, los imputados, propietarios del reconocido centro de entretenimiento, habrían sobrecargado la estructura del techo al instalar equipos de climatización industrial, incluyendo seis aires acondicionados de entre 15 y 20 toneladas y tinacos de agua, sin realizar los estudios técnicos necesarios para garantizar la seguridad estructural.
Los fiscales aseguran que, pese a múltiples advertencias internas, reportes visuales, fotografías y videos que evidenciaban el deterioro del techo, los acusados optaron por soluciones inadecuadas con el objetivo de reducir costos, ignorando el riesgo para empleados y clientes.
En el documento, se destaca además que la imputada Maribel Espaillat fue advertida horas antes del colapso sobre el desprendimiento de escombros y el peligro inminente. Sin embargo, se negó a suspender la actividad programada esa noche, argumentando la ausencia de su hermano Antonio y priorizando el beneficio económico.
Los peritajes técnicos realizados tras el derrumbe confirmaron fallas estructurales graves, como la ausencia de columnas esenciales, deficiencias en el anclaje de vigas y la falta de muros de soporte, todas atribuibles a decisiones de gestión tomadas por los propietarios.
El Ministerio Público sostiene que estos hechos eran completamente evitables y que la cadena de negligencias revela una conducta sistemática de irresponsabilidad por parte de los acusados.
El desplome, ocurrido la madrugada del 8 de abril, dejó 236 muertos y más de 180 personas con múltiples heridas.
