Santo Domingo.– La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, manifestó en el día de hoy, su preocupación por la falta de protección por parte del Poder Judicial para los jueces del sistema judicial, que con frecuencia son objetos de ataques luego de estos imponer medidas de coerción, diferentes a las solicitadas por el Ministerio Público y que sectores por desconocimiento, entienden que la prisión preventiva, es la regla en todo caso y no la excepción.
De acuerdo a Julio César De la Rosa Tiburcio, el Código Procesal Penal, instituido mediante la Ley 76-02, establece las medidas de coerción, como inicio del proceso penal en la República Dominicana, dejando claramente establecido en el artículo 226, que estas, no son ni una pena anticipada ni una absolución adelantada, porque en esa fase el juez evalúa básicamente presupuestos de arraigo para determinar el peligro de fuga del o los imputados, artículo 229 y garantizar que no se evada del proceso y/o que destruyan pruebas.
De las siete medidas listada en la norma, la prisión preventiva es precisamente la última, la más grave, que instituye el apremio corporal, cuando para el juez no sean suficientes, los arraigos presentados por el o los encartados, que permitan, descartar el peligro de fuga, o puedan distraer pruebas u obstaculizar el curso del proceso.
El presidente de la entidad de la sociedad civil, ofreció su espaldarazo a la jueza Fátima Veloz, por lo injusto que se ha sido con ella, ya que actuó conforme a la norma en un sistema de justicia rogada, en el que el ministerio público pidió prisión y los encartados presentaron evidencias de arraigos, lo que fue valorado por el tribunal, como se desprende en las motivaciones de la decisión evacuada, “nadie quisiera verse en el lugar de un juez que por apegarse a la norma vigente, recibir todo tipo de cuestionamiento, llegando inclusive al plano personal, siendo lo más grave, sin poder defenderse”.
“De igual forma comprendemos el drama que viven las familias afectadas por la tragedia del Jet Set, que aspiran que se haga justicia y que los responsables reciban las sanciones correspondientes, lo que debe ser aprovechado para que se tomen las medidas pertinentes, mayor control en la supervisión y fiscalización de los lugares que concentren personas y sobretodo que se apruebe de una vez y por toda, el esperado Código Penal, que contemple el cúmulo de penas, entre otras disposiciones”
