La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) recomendó a la Contraloría General de la República no registrar ni aprobar ningún tipo de pago asociado a alrededor de 150 contratos suscritos por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).
La suspensión de los contratos corresponde a tres procedimientos de licitación realizados por la entidad gubernamental para la adquisición de utilería escolar, es hasta tanto se presenten los resultados definitivos de la investigación de oficio que está en curso.
Mediante una nota de prensa, recordó que, en atención a la facultad que le confiere el artículo 71 de la Ley 340-06, de Contrataciones Públicas, instruyó en el mes de abril una investigación de oficio a los fines de verificar la legalidad de las distintas etapas de los procedimientos de Licitación Pública Nacional tras detectar indicios de irregularidades.
Investigan a empleados
Contrataciones afirma que el pasado 15 de mayo remitió a la Contraloría, una comunicación en la que detalla algunos hallazgos preliminares que permiten identificar cuáles son los proveedores específicos involucrados en las presuntas irregularidades, cuyos contratos no deben ser registrados ni pagados, hasta tanto se emitan las decisiones finales de las investigaciones en curso, al tiempo que aclaró, que esta cantidad puede disminuir o aumentar según progresen las investigaciones.
Dentro de los hallazgos preliminares figuran conductas anticompetitivas como la colusión, conflictos de interés por parte de varias empresas adjudicadas y discrepancias en cuanto a los domicilios presentados por varios oferentes.
Otras posibles irregularidades revelan la existencia de empresas adjudicadas sin poseer el rubro correspondiente en sus constancias de inscripción de Registro de Proveedor del Estado (RPE); irregularidades en cuanto a los criterios de evaluación y adjudicación; falta de claridad y contradicciones en los pliegos de condiciones y posible falta de publicación de las gestiones completas.
Dijo que, paralelamente, trabaja en colaboración con la Unidad Antifraude de la Contraloría, en otra investigación especial que incluye entrevistas a peritos y personal de Inabie e intercambio formal de información relevante del Sistema Electrónico de Contrataciones con la finalidad de identificar posibles responsabilidades de los actores que participaron en los procesos.
Inabie informó, ayer, que fue esa institución la que solicitó la intervención de la DGCP y del Consejo Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) en el proceso de contratación de la utilería escolar. Como medida adicional, suspendió la firma y certificación de contratos con las compañías señaladas y ordenó la suspensión de todos los servidores públicos que participaron en dicha licitación.
