La Oficina de Atención Permanente de La Altagracia, dictó una garantía económica y presentación periódica contra la empresaria Judith Santana de Castillo, acusada de pertenecer a la red de narcotráfico, lavado y tenencia ilegal de armas, desmantelada mediante la operación Rana.
La jueza Francis Reyes le impuso a la imputada una garantía económica ascendente a 10 mil pesos y la presentación periódica ante la Fiscalía de La Altagracia, en lo que concluyen las investigaciones.
Santana de Castillo, socia del Motopréstamo Ricardo SRL, de esta localidad, fue sometida a la Justicia luego de que se le ocupara una pistola, calibre 9 milímetros, marca HS2000, que supuestamente portaba de manera ilegal.
Según el Ministerio Público, el arma pertenecía a un exconvicto por narcotráfico, de acuerdo con registros policiales. El arma fue incautada en un allanamiento al referido negocio, por su vinculación en la investigación financiera.
El expediente señala que el arma fue ocupada durante las pesquisas de la operación Rana, en las que se incautaron y allanaron propiedades relacionadas a Rigoberto Castillo Santana, quien, conjuntamente con José Padua Castillo y Robert Montás Ruiz, fue detenido y guardan prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-Anamuya), del municipio de Higüey.
Sus arrestos se ejecutaron en fecha 18 de julio de este año, aproximadamente a las 7:42 de la noche, en la carretera Bayahíbe-Dominicus, cerca del parque nacional Cotubanamá, del distrito municipal de Bayahíbe, en el municipio de San Rafael del Yuma, luego de que le ocuparan 6 kilogramos de cocaína clorhidratada.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo se incautó de una propiedad valorada, preliminarmente, en más de seis millones de pesos y armas de fuego, durante tres allanamientos simultáneos realizados en diferentes zonas de la provincia La Altagracia.
