El Poder Ejecutivo, a través de su consultor jurídico, Antoliano Peralta Romero, presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca reforzar las sanciones contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, vigente desde agosto del 2023.
La propuesta se entregó al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, para su análisis y eventual aprobación. Este proyecto modifica los artículos 2, 5, 6 y 7 de la Ley número 137-03, Ley núm. 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. con el objetivo de definir de manera más precisa los elementos constitutivos del delito, establecer nuevas sanciones y añadir agravantes para los responsables principales y sus cómplices.
La acción se produce tras el anuncio del presidente Luis Abinader el pasado domingo, en el que detallaba un conjunto de medidas para abordar la migración ilegal y salvaguardar la soberanía nacional en el contexto de la crisis haitiana. Esta propuesta de modificación representa la aplicación inmediata de la cuarta de dichas medidas.
Abinader había anunciado estas medidas con el objetivo de hacer frente a la migración ilegal y proteger la soberanía nacional a la luz de la crisis en Haití.
Estos ajustes tienen como objetivo precisar los elementos constitutivos del tráfico ilícito de migrantes, tipificar delitos por omisión y establecer nuevas circunstancias agravantes, tanto para los responsables principales como para sus cómplices.
Aspectos a modificar
En el artículo 2, se procede a la expansión de la definición y a la adición de los elementos constitutivos del tráfico ilícito de migrantes, motivado a que la definición estipulada en la legislación actual obstaculiza la persecución eficaz por parte del Ministerio Público y la implementación de las normativas pertinentes.
En el artículo 5 se incorpora la tipificación de delitos por omisión, estableciendo la necesidad de cumplir con dos condiciones fundamentales.
En primer lugar, se requiere que el individuo sea garante de la protección de un bien jurídico específico o garante de la supervisión de un foco de peligro determinado, siempre y cuando exista una obligación legal o contractual de actuar de una manera particular, o bien, exista una relación estrecha de comunidad entre personas. En segundo lugar, se contempla el caso en que, dentro del propio ámbito de dominio, se asuma voluntariamente la protección de una persona o la vigilancia de una fuente de peligro, o si se ha creado, a través de una acción previa, una situación de riesgo.
El artículo 7 incorpora circunstancias agravantes adicionales al delito de tráfico ilícito de migrantes, aplicables también al delito de trata.
Asimismo, se contempla el aumento de las penas cuando concurren agravantes tanto para el autor principal como para el cómplice, considerando la relación entre el autor y la víctima, la magnitud del daño, la situación de vulnerabilidad de la víctima y los medios empleados.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, calificó el proyecto como prioritario para el país y aseguró que será aprobado con carácter de urgencia.
“Este es un problema nacional que preocupa a todos los ciudadanos, y actuaremos en un tiempo relativamente corto para garantizar su rápida implementación”, dijo De los Santos, quien informó que la pieza legislativa será introducida en la sesión de hoy, al pleno senatorial y que se conformará de inmediato una comisión especial para su estudio y ponderación.
Proyecto endurece penas por tráfico de migrantes
Este proyecto que modifica varios artículos de la Ley número 137-03, busca fortalecer el marco legal vigente y enfrentar con mayor eficacia este flagelo.
Si fuese aprobado, las penas para este delito se incrementarían notablemente. Según explicó Peralta Romero, las sanciones para el tráfico ilícito de migrantes pasarían de 10 a 15 años de reclusión y multas de 150 a 250 salarios mínimos, a un rango de 12 a 20 años de prisión y multas de entre 750 y 1,500 salarios mínimos del sector público, además de la inhabilitación de derechos de ciudadanía.
Asimismo, se incluyen agravantes adicionales que aplicarían tanto a los autores principales como a sus cómplices. Estas agravantes incluyen el uso de armas, el daño a personas adultas mayores y la muerte de la víctima del tráfico, circunstancias que podrían conllevar penas de hasta 40 años de prisión y multas de hasta 6,000 salarios mínimos. Esta iniciativa se suma a las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para reforzar la seguridad nacional y atender la crisis migratoria en la región. Antoliano Peralta, aseguró que las modificaciones fortalecerían el marco jurídico en la lucha contra este flagelo.
