Santo Domingo, RD. – La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) aboga por reglas claras que eviten la competencia desleal en caso de regularse las candidaturas independientes, estableciendo límites razonables en cuanto al financiamiento, la recolección de firmas de apoyo y la transparencia en las campañas.

“El abordaje de la regulación de las candidaturas independientes debe partir de reglas claras, que eviten la competencia desleal. A tal fin, se deben establecer límites razonables en cuanto al financiamiento, la recolección de firmas de apoyo, y la transparencia en las campañas. El derecho a ser elegible es una libertad fundamental de todos los ciudadanos. Sin embargo, debe ser equilibrado con la necesidad de preservar la estabilidad y gobernabilidad del sistema, evitando afectar la cohesión y eficacia del sistema político”, dice la misiva

La carta dirigida al presidente de la comisión, Elías Wessin Chávez, el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, señaló que el análisis de la decisión del Tribunal Constitucional (TC/0788/24) que declara no conforme con la Constitución los artículos 156 y 157 de la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, ha generado inquietudes que la fundación se siente en el deber de compartir.

“El análisis de las alternativas de regulación de las candidaturas independientes, a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional TC/0788/24 que declara no conforme con la Constitución los artículos 156 y 157 de la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, nos ha provocado un conjunto de preocupaciones que nos sentimos en el deber de compartir con Ud., en su calidad de Presidente de la Comisión Especial para el Análisis de las candidaturas Independientes”, dijo.

FINJUS destacó la importancia de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos como garantía para el desarrollo de una democracia representativa y participativa en la República Dominicana.

Carta íntegra

Honorable

Elías Wessin Chávez

Presidente

Comisión Especial para el Análisis

  de las candidaturas Independientes.

Su Despacho.

Distinguido Señor Presidente:

El análisis de la realidad institucional y del marco jurídico de nuestro régimen democrático es una de las prioridades de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. y las conclusiones que surgen de este ejercicio continuo y permanente nos sirven para realizar propuestas y sugerencias a los órganos públicos para mejorar la seguridad jurídica, la sostenibilidad de las reformas y la participación continua de la ciudadanía en sus actos.

El análisis de las alternativas de regulación de las candidaturas independientes, a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional TC/0788/24 que declara no conforme con la Constitución los artículos 156 y 157 de la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, nos ha provocado un conjunto de preocupaciones que nos sentimos en el deber de compartir con Ud., en su calidad de Presidente de la Comisión Especial para el Análisis de las candidaturas Independientes.

Los procesos electorales son una parte fundamental de la vida democrática en la República Dominicana, lo que ha permitido el desarrollo de una cultura cívica donde los partidos, agrupaciones y movimientos políticos encarnan la garantía idónea para el correcto desarrollo de una democracia representativa y participativa en nuestro país. La discusión legislativa para la regulación de esta figura genera diversos puntos que deben ser analizados cuidadosamente para producir una pieza que no pretenda incurrir en facultades no otorgadas por la propia Constitución.

En principio, es importante destacar las dificultades normativas que se presentan para el análisis de estas candidaturas. En términos constitucionales, las reformas políticas deben ser cuidadosamente ponderadas para no alterar el equilibrio de poderes y la gobernabilidad. Como se evidenció en la reforma constitucional del 2010, la inclusión de las candidaturas independientes fue rechazada principalmente por atentar contra la fragmentación del poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas.

El abordaje de la regulación de las candidaturas independientes debe partir de reglas claras, que eviten la competencia desleal. A tal fin, se deben establecer límites razonables en cuanto al financiamiento, la recolección de firmas de apoyo, y la transparencia en las campañas. El derecho a ser elegible es una libertad fundamental de todos los ciudadanos. Sin embargo, debe ser equilibrado con la necesidad de preservar la estabilidad y gobernabilidad del sistema, evitando afectar la cohesión y eficacia del sistema político.

El sistema de partidos diseñado por la Constitución es esencial para la estabilidad democrática. Los partidos políticos canalizan los intereses sociales, estructuran el debate político y son responsables de la gobernabilidad. Por ello, la regulación de las candidaturas independientes debe contribuir a un equilibrio armonioso que no debilite el papel de los partidos. Su discusión debe contemplar que su regulación debe tomar en consideración las disposiciones constitucionales que atribuyen a los partidos su participación en áreas como las vacantes de senadores o diputados (Art. 77), sucesión presidencial (Art. 129), la integración del Consejo Nacional de la Magistratura (Art. 178), entre otros.

Los candidatos independientes deben estar sujetos a reglas de transparencia y control en el uso de recursos públicos y privados, evitando un trato preferencial, lo que podría generar desigualdades en la contienda electoral. En este sentido, la integridad del proceso electoral debe ser garantizada a través de mecanismos de control y supervisión efectivos. Las autoridades electorales deben asegurarse de que los candidatos independientes cumplan con los mismos estándares que los partidos políticos, en términos de la presentación de propuestas, la veracidad de sus plataformas y la observancia de las normativas electorales. Sostenemos que debemos abocarnos a una amplia discusión nacional que permita el fortalecimiento de la democracia interna de las organizaciones políticas y la promoción de mayores garantías para aumentar la confianza ciudadana en los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

Finalmente, si bien la disposición del Tribunal Constitucional ha suscitado un escenario complejo para mantener el reforzamiento histórico e institucional de las organizaciones políticas, lo cierto es que, dado el amplio margen partidario consagrado en la Constitución, quizás la discusión sobre la regulación de las candidaturas independientes acarrearía una inevitable reforma constitucional, que ya resultó estéril en el 2010.

Con sentimientos de alta consideración,

Muy atentamente

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS.

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