El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) celebró el “1er. Foro Nacional para el Uso Responsable de la Motocicleta”, un espacio de diálogo y consenso en el que fue presentada una normativa que impide la importación de cascos de motocicletas no certificados.
El evento es un esfuerzo “sin precedentes” para mejorar la seguridad vial y transformar el uso de la motocicleta en el país, de acuerdo la entidad de transporte, quien destacó que por primera vez en ocho años, desde la promulgación de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se concreta una normativa específica orientada de manera exclusiva al uso responsable de la motocicleta.
Durante la celebración de la actividad, representantes del gobierno, el sector privado, asociaciones de motoconchistas, plataformas digitales y organismos internacionales presentaron una hoja de ruta con seis acciones clave que serán implementadas a partir de 2025.
Las seis acciones
La primera acción acordada es la implementación de una normativa técnica para regular la importación y venta exclusiva de cascos certificados, que cumplan con estándares internacionales. Esta medida busca garantizar que los motociclistas cuenten con un equipo de protección “que realmente salve vidas”.
En segundo lugar, se establecerá como obligatorio que todo ciudadano que desee conducir una motocicleta deba someterse a evaluaciones teóricas, prácticas y médicas para obtener la licencia categoría 01. Esta disposición responde al compromiso de asegurar que los conductores estén debidamente capacitados y autorizados.
Otro de los compromisos adoptados es que toda motocicleta vendida en el país deberá incluir al menos un casco certificado, y se incentivará la entrega de un segundo casco para pasajeros. Esta política, conocida como “Una moto, un casco”, busca asegurar que la protección comience desde el momento de la compra.
Asimismo, se reforzará la exigencia legal del uso de casco para los pasajeros. A través de una mayor fiscalización y controles viales, las autoridades velarán por el cumplimiento de esta norma, reduciendo el riesgo de lesiones graves en caso de accidentes.
Las plataformas digitales también asumirán un rol activo en la promoción de la seguridad vial. Estas empresas deberán educar a sus conductores y usuarios mediante la divulgación de contenidos sobre normas de tránsito, así como colaborar con las autoridades en la trazabilidad de incidentes y el respeto a la ley.
Finalmente, las federaciones y asociaciones de motoconchistas se comprometieron a garantizar la formación de sus miembros en coordinación con las instituciones competentes.
Se alinea con objetivos en el Decreto 656-24
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre informó que la hoja de ruta se alinea con los objetivos establecidos por el Decreto número 656-24, que declara de alto interés la seguridad vial. También va de la mano con el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, firmado por más de 120 entidades públicas y privadas, que busca reducir en un 50 % las muertes por tránsito en República Dominicana para el año 2030.
