El caso involucra falsificaciones, ocupaciones ilegales y presunta complicidad de altos mandos militares
Una brigada compuesta por decenas de agentes policiales intervino ayer un extenso terreno ubicado en el municipio de Boca Chica, que había sido ocupado de manera irregular desde hace más de tres años y donde originalmente se proyectaba desarrollar el complejo turístico “Boca Chica Country Club”.
El operativo, liderado por el comandante Matos del Departamento de Prevención de Invasión de Propiedad Pública y Privada de la Policía Nacional, culminó con la destrucción de decenas de casuchas y estructuras improvisadas en el lugar. Según las autoridades, la acción se ejecutó tras una denuncia interpuesta por el supuesto propietario del terreno, cuya identidad no fue revelada.
Durante la intervención, los agentes hallaron recientes solares cercados y construcciones de casas de zinc o de hojalata, lo que evidenciaría intentos recientes de legalización informal de la ocupación.
El comandante Matos informó a los moradores que cualquier discusión sobre la titularidad del terreno debía ser llevada ante la Jurisdicción Inmobiliaria.
Denuncia de Julissa Céspedes
De acuerdo con una denuncia revelada en el Reporte Especial con Julissa Céspedes, la situación involucra una compleja red de falsificaciones, ocupaciones ilegales y presunta complicidad de altos mandos militares, en particular una coronela de la Fuerza Aérea Dominicana, señalada como principal responsable de encabezar los intentos de apropiación.
El reportaje describe los terrenos como “una joya inmobiliaria estancada por el abandono legal y el atropello físico, donde los haitianos se usan como ejército y escudo al servicio de militares dominicanos”.
El abogado William Cunillera, representante legal de la familia propietaria del terreno (con títulos que datan de hace más de 40 años), sostiene que lo ocurrido no se trata de una simple necesidad de vivienda, sino de una operación organizada con respaldo militar y legal cuestionable.
“El contrato que presentan carece de validez legal. Es un documento inventado”, afirma Cunillera, quien lleva más de tres años enfrentando esta situación, la cual describe como una “táctica de desgaste” sostenida por la inacción institucional.
El abogado advirtió que las invasiones de tierras privadas y del Estado no son un fenómeno nuevo, pero que se han agravado en las últimas décadas debido a la falsificación de títulos, contratos apócrifos y la superposición de derechos. Además, denuncia una red de corrupción que incluye sobornos a funcionarios públicos, abogados del Estado y notarios.
“Venden terrenos mostrando títulos de otros propietarios, usan firmas de personas fallecidas o que están fuera del país, y a través de un comprador puente, crean una cadena que termina en un supuesto comprador de buena fe, lo que complica los desalojos legales”, explicó Cunillera.
El jurista también acusa a los decenas ocupantes de manejar capitales importantes, circular en vehículos lujosos con guardaespaldas y sobornar a funcionarios para evitar órdenes de desalojo.
Alegatos de los comunitarios
Sin embargo, Cristóbal Like, abogado de uno de los co-propietarios del inmueble, afirmó que la Fundación Ayuda Sin Fronteras donó 300 mil metros cuadrados del terreno a la comunidad local, y que posee documentación legal, inclusive acta de venta y planos catastrales.
Like cuestionó la legitimidad de los supuestos propietarios que han intentado reclamar el terreno, y argumentó: “Nunca han presentado un solo documento que avale su propiedad”.
Jeremy Miguel Peña, un joven que aseguró haber comprado un solar en el terreno por 30 mil pesos, dijo que la venta se le hizo alegando que los terrenos eran del Consejo Estatal del Azúcar (CEA). “Aquí ya vivía mucha gente, pero nadie ha enseñado papeles legales”, sostuvo.
Ángel José Brache, presidente de la junta de vecinos del sector colindante, calificó el desalojo como “un abuso de poder”, señaló que se ejecutó sin notificación previa ni presencia de representantes legales del Estado. “El 97 % de los terrenos de Boca Chica no tienen títulos”, denunció.
María, una de las afectadas, reconoció que pagó 20 mil pesos por un solar a un hombre que realizó toda la negociación sin presentar ningún tipo de documento que avalara su propiedad.
Luis Miguel, otro de los ocupantes, afirmó que no están en contra de abandonar el terreno si aparece un verdadero propietario con documentos legales. “No nos oponemos a salir si aparece alguien con papeles que demuestren que es dueño. Lo que queremos evitar es que lleguen otros invasores a revender algo que tampoco les pertenece”, expresó.
